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Hacienda endurece el control de gastos de la Xunta por no pagar en plazo sus facturas

Galicia superó en enero los 30 días que fija la ley - Facenda califica de "excepcional" el atraso y garantiza que volverá a estar entre las comunidades más cumplidoras

06.04.2016 | 02:10
El conselleiro de Facenda, en una comparecencia en el Parlamento gallego.

Hacienda estrena su receta contra la morosidad en las administraciones autonómicas. El departamento que dirige Cristóbal Montoro retendrá parte de las entregas a cuenta a Aragón y Extremadura para hacer frente a los pagos fuera de plazo a sus proveedores, por encima de los 30 días que fija la Ley de Morosidad. Por primera vez, Galicia también está en el punto de mira del Gobierno central tras haber incumplido el pasado mes de enero el plazo legal (42,41 días frente a los 29,29 de diciembre). Esta acumulación de facturas en los despachos de la Xunta en el arranque del año ha llevado a Hacienda a endurecer el control de gastos e ingresos del Ejecutivo gallego. En una carta enviada a Galicia y a otras siete comunidades (Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla y León, Cantabria y Asturias) les advierte de su "preocupación" por la "desviación" que registran en relación a la cuantía de la deuda comercial así como al periodo medio de pago a autónomos y pymes.

En estas misivas remitidas el viernes por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dirigida por Antonio Beteta, reclama a Galicia y el resto de comunidades que no incumplieron los plazos el pasado mes de enero que incluyan "inmediatamente" en la actualización de su plan de tesorería el importe de los recursos que dedicarán mensualmente para reducir periodo de pago y también el "compromiso" de adoptar medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos y otras medidas de gestión de cobros y pagos que les permita generar la tesorería necesaria para poner al día sus facturas.

El retraso en los pagos a proveedores en enero por parte la Xunta, según reiteran desde la Consellería de Facenda, fue "puntual" y "excepcional" y se debió al "inicio de la ejecución del presupuestos correspondiente a 2016". "Esta incidencia ya está subsanada", aclaran desde el departamento que dirige Valeriano Martínez. "En el caso de Galicia, fue un hecho puntual y no fue necesario tomar medidas ya que en febrero la previsión es cumplir de nuevo el límite que establece la ley", aseguran desde Facenda, que atribuyen a un "mecanismo ordinario" por parte de Hacienda que se ponga en contacto con las comunidades que superen el límite para instarlas a reducir el tiempo de pago. "Galicia seguirá estando entre las comunidades que pagan con mayor agilidad a sus proveedores, como ocurrió en todo 2015", concluyen desde Facenda.

Pero en la lista negra de Hacienda hay dos comunidades: Aragón y Extremadura, por sus reiterados atrasos en los pagos a sus proveedores. Tras las numerosas comunicaciones por parte del Gobierno centras a estas dos autonomías por la deuda con autónomos y pymes, el departamento que dirige Montoro les comunicó el pasado mes de septiembre el inicio de la adopción de "medidas automáticas de corrección" que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A pesar de este aviso, ambas comunidades persistieron en los atrasos en sus facturas -casi 100 días en ambos casos, el triple de lo que fija la Ley de Morosidad-, lo que llevó a la Secretaría de Administraciones Públicas a iniciar el procedimiento para retener "los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación" para "pagar directamente a los proveedores".

Además, Hacienda mantiene en "alerta" a Comunidad Valenciana y la extiende a Baleares, una situación que exige la adopción de medidas de reducción de gastos e incremento de ingresos "acelerando, en su caso", la aplicación de las ya previstas en su plan de ajuste y otras medidas de "gestión de cobros y pagos" que le permita generar la tesorería necesaria para reducir el periodo medio de pago a sus proveedores a 30 días.

No hay administración que se escape del control de Hacienda. Hasta un total de 351 ayuntamientos están en el punto de mira de Gobierno central, entre ellos cuatro de Galicia, por no haber facilitado los datos necesarios para el cierre del ejercicio de 2014. Por este motivo les retendrá fondos de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) de este mes. En el caso de Galicia, los concellos afectados son los Ourol y Triacastela (Lugo); Verín (Ourense) y Rodeiro (Pontevedra).

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