El parque público de vivienda en alquiler tuvo un coste para la Xunta el pasado año de 5,6 millones de euros. Casi la mitad, unos 2,6 millones, fue para afrontar el pago de cuotas de comunidad, IBI, reparaciones o derramas de obras realizadas por la comunidades. El resto del dinero, unos 3 millones, se corresponden con las bonificaciones aplicadas a los adjudicatarios en el precio del alquiler.

El Plan Rehavita 2015-2020 establece que en función de las circunstancias personales y familiares del usuario se establecerán bonificaciones en el precio del alquiler. Una de las novedades que incorporó este programa, que entró en vigor el pasado año, fue que se revisará anualmente el importe de la renta a pagar por el inquilino para adecuarla a las variaciones en sus ingresos. De esta manera, se garantizará que las mensualidades que paguen se ajusten a las posibilidades reales de pago de cada adjudicatario. Si su situación económica empeora pagarán menos, pero si el inquilino gana más dinero en se le retirarán las bonificaciones o incluso podrá rescindírsele el contrato de alquiler si supera los ingresos máximos fijados en 1,5 veces el Iprem. En ese caso, se le dará la opción de comprar el piso.

El objetivo es que estos inmuebles estén disponibles para los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

"Se trata de minimizar la falta de pago de la renta, los gastos de comunidad e IBI, así como evitar el mal uso y conservación de la vivienda y adecuar la renta mensual a las variaciones de ingresos del inquilino", explican desde la Consellería de Infraestruturas.