Xunta, concellos y diputaciones quedaron a deber el pasado año un total de 923 millones de euros, mayoritariamente a empresas y autónomos, aunque también se incluyen entre sus acreedores otras administraciones e incluso empleados públicos con retribuciones pendientes. Se trata de una cantidad equivalente al 1,6% del PIB de Galicia y que además se ha incrementado un 13% con respecto al saldo de 2014. La administración más deudora es el Gobierno gallego. A los 630 millones de euros pendientes de pago que aparecen recogidos en los datos de ejecución de las cuentas publicados por el Ministerio de Hacienda, hay que sumar aquellas facturas que no se incorporan a la contabilidad presupuestaria y de las que coloquialmente se dice que se guardan en el cajón: el pasado año estos impagos sumaron casi 119 millones de euros.
De esta manera el saldo pendiente de pago de la Xunta a diciembre de 2015 asciende a un total de 748,9 millones, casi un 13% más que en el ejercicio 2014. Pese a que es una de las comunidades más cumplidoras con el déficit -la que menos gasta por encima de sus ingresos-, el pasado año se le amontonaron las facturas pendientes de pago. La razón fue el gasto extra en hepatitis C, la puesta en funcionamiento del Hospital Álvaro Cunqueiro y el aumento del IVA de los productos sanitarios que lastraron las cuentas del Sergas hasta el punto que solo en el área sanitaria se acumularon facturas impagadas por valor de 412 millones de euros, incluyendo únicamente las que están contabilizadas en los presupuestos.
De hecho, en el pasado mes de enero la Xunta incumplió por primera vez el plazo legal de pago a proveedores de 30 días -la demora de la Administración autonómica en abonar sus compromisos se situó en 42 jornadas- y el Ministerio de Hacienda le envió una carta mostrando su preocupación por el aumento de morosidad del Ejecutivo gallego. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visiblemente molesto por la llamada de atención del Gobierno, alegó que en los primeros meses de este año han logrado ya rebajar la demora en pagar sus facturas.
Lo que ha corregido la Xunta es la práctica de guardar facturas en el cajón, la llamada cuenta 413, que el Consello de Contas ha criticado en reiteradas ocasiones. Con este mecanismo las administraciones en lugar de incorporar los recibos pendientes al presupuesto, los aparcan hasta que su disponibilidad presupuestaria les permita hacer frente al pago.
En 2015, el Ejecutivo gallego redujo estos impagos extrapresupuestarios un 45% pasando de los 216,7 millones de euros que tenía en 2014 a solo 118,9 millones, según los datos que hace públicos la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). En conjunto las comunidades aplazaron facturas el pasado año por valor de 4.400 millones de euros y Galicia se encuentra entre las siete autonomías que menos usa la cuenta 413. A la cabeza está Cataluña con más de 1.134 millones de recibos aparcados fuera del presupuesto. in embargo, y a pesar de haber reducido el volumen de facturas en el cajón la Xunta disparó un 40% los pagos pendientes en su presupuesto, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda. El año pasado sus obligaciones de gasto ascendían a 8.742,6 millones, pero solo abonó 8.112,5.
Ayuntamientos y diputaciones tampoco cierran sus presupuestos al día. El pasado año dejaron pendientes de pago 172,4 millones de euros, lo que supone un 12,6% más en comparación al ejercicio anterior. La mayoría se corresponde con las facturas impagadas de los ayuntamientos -159,1 millones de euros- y el resto, unos 15 millones, es responsabilidad de las diputaciones.
Aunque son los proveedores los que más sufren la morosidad de las administraciones públicas, en el caso de las entidades locales los empleados públicos también se encuentran entre los damnificados. Durante la crisis muchos ayuntamientos alertaron de que sus finanzas estaban bajo mínimos y que incluso tenían problemas para pagar nóminas y gastos corrientes. De hecho, tuvieron que recortar plantillas y salarios. En 2015, año que coincidió además con elecciones municipales, las corporaciones locales volvieron a aumentar su gasto en nóminas, en un 6%. Pero se disparó la cuantía pendiente de pago en el capítulo de personal. Si en 2014 la diferencia entre las obligaciones y los pagos efectuados fue de solo 4,2 millones al cierre del ejercicio, el pasado año se disparó a 15,5 millones de euros.
Los datos de ejecuciones presupuestarias de las entidades locales, publicados por el Ministerio de Hacienda, revelan que los compromisos de pago adquiridos por los concellos en 2015 fueron de 703,1 millones, pero los pagos líquidos se redujeron a 687,6 millones de euros. Aún así, donde han dejado más facturas pendientes los ayuntamientos gallegos es en el apartado de gastos corrientes y prestación de servicios (casi 87 millones sin abonar).
Y las inversiones de los concellos, que también se incrementaron coincidiendo con año electoral (un 67%), tampoco se pagaron en plazo. Así, se cerraron los presupuestos de 2015 con 36,2 millones de euros pendientes de pago para acometer obras e infraestructuras del total de 335,8 ejecutados.
