La mediación se basa en que no es una imposición, sino una alternativa a la tramitación judicial con la que deben estar de acuerdo todos los implicados. Cuando se trata de problemas de pareja y, a veces, con menores de por medio, existe la opción de alcanzar el consenso a través de un mediador profesional. Aunque puede ser solicitado por cualquiera de las partes, suele ser el juez que lleva el caso el que decide derivar los asuntos susceptibles de llegar a acuerdo.

En las unidades de mediación implantadas ya en cinco ciudades gallegas un equipo formado por un abogado y un psicólogo trabajan con los jueces de Familia y los fiscales de la urbe, que deciden los litigios que se trasladan a estos servicios. Estos profesionales tendrán que garantizar la confidencialidad de lo que se trata y acuerda en las reuniones, que no podrá usarse en el juicio sobre el tema que discurre en paralelo. Cada asunto suele ocupar entre tres y seis sesiones durante como máximo un mes. Si se salda con éxito el pacto alcanzado se remitirá al juzgado que le dará validez legal resolviendo así de forma rápida un conflicto que, de lo contrario, se convertiría en un proceso judicial más farragoso y lento.

Este sistema ahorra costes no solo económicos -al tratarse de un servicio gratuito- sino también emocionales evitando que los hijos menores se conviertan en víctimas indirectas del conflicto matrimonial. Y al mismo tiempo se permite aliviar la carga de trabajo de los juzgados, según los expertos en un 25%, y eso que la mediación solo funciona en el ámbito civil y no se ha extendido al penal.

En Galicia funciona, también desde 2009, otro servicio de mediación, en este caso extrajudicial, que depende de la Consellería de Traballo y que realizan letrados, psicólogos, pedagogos, trabajadores y educadores sociales inscritos en el Rexistro Galego de Mediadores.