Las macrocausas de corrupción se eternizan en los juzgados. Algunas investigaciones en Galicia ya llevan cuatro años de instrucción e incluso algunas superan los siete años. No hay fecha prevista para el cierre de la causa y menos todavía para que quienes finalmente sean acusados sean llevados a juicio. Los principales casos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación o cohecho se ahogan en interminables procesos judiciales que dejan abierta la puerta de la impunidad a decenas de cargos públicos, funcionarios y empresarios investigados en la comunidad. ¿El motivo? No tanto por el riesgo de prescripción del delito, salvo "casos excepcionales", según apuntan desde la Fiscalía Superior de Galicia, sino por el hecho de que "cuanto más se alargue un proceso, más posibilidades hay de que ocurra algo o se cometa algún tipo de error que invalide la causa en su totalidad o en parte".
Lejos de estar próximo el cierre de las investigaciones de mayor calado en Galicia, en algunas ya se ha ampliado el plazo de instrucción. La Pokemon, una causa que supera ya los cuatro años y que su instructora, Pilar de Lara, ya esperaba cerrar a finales de 2014, se prolongará al menos 18 meses más. No es la única causa de corrupción que sumará un año y medio más a la instrucción, tal y como prevé la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en diciembre pasado, La investigación de la operación Patos, sobre una supuesta red de corrupción en la adjudicación de obras y servicios en seis concellos y en varias instituciones de Galicia, tendrá la misma prórroga.
En el último año dos a causas de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos se han ido al traste en la comunidad por fallos en la instrucción: la trama de la retira de multas de tráfico en Lugo y las supuestas adjudicaciones irregulares en el Concello lucense de Outeiro de Rei, ambos asuntos en manos de la juez Estela San José. A estos dos carpetazos judiciales se suma el decretado recientemente por Pilar de Lara de parte del caso Carioca, una causa que ya lleva siete años en fase de instrucción, al no hallar un cadáver que buscó dos años.
Pokemon, Pikachu, Manga, Carioca, Campeón, Patos, Orquesta, Arena, Caballo de Troya, Zeta, Qatedra, Garañón, Pulpo... Son algunas de las tramas que han hecho temblar los cimientos de la política en Galicia durante los últimos años. Los entramados de corrupción no entienden de tipo de administración ni de cargo de ni colores políticos. Funcionarios, concejales, alcaldes, diputados, presidentes autonómicos y ministros estuvieron en el punto de mira de la Justicia por haber utilizado su cargo para obtener algún beneficio. Algunos de los entonces imputados se apartaron de la primera línea política para evitar que el proceso pasase factura en las urnas a su partido. Otros aguantaron en el cargo hasta que la Justicia o bien les condenó o bien les eximió de toda responsabilidad. Pero también hubo investigados que no tuvieron que rendir cuentas porque fallos en la instrucción provocaron el archivo de la causa.
Desde que trasciende una imputación hasta que finaliza la instrucción transcurren una media de cuatro años. Un tiempo al que hay que sumar el que se tarda en fijar el juicio, celebrarlo y dictar sentencia. Con estos plazos, la mayoría de los cargos públicos investigados ya estarán fuera de la vida social cuando se resuelvan sus casos y los ciudadanos ya habrán ajustado cuentas hasta dos veces en las urnas con los diferentes partidos.
Efecto de la sentencia
Estas demoras en la instrucción de causas complejas en los juzgados gallegos -no solo en causas de corrupción, sino también en procesos como el Prestige con una instrucción de más de nueve años, un juicio de nueve meses y una sentencia que llegó 13 años después de la catástrofe medioambiental- hacen que llegada la sentencia se pierda su función ejemplarizante ante la sociedad. Pero al mismo tiempo también lesionan el honor y la vida profesional de aquel acusado que finalmente es declarado inocente o su causa es archivada por falta de pruebas.
"Toda persona investigada tiene derecho a ser juzgada con rapidez. Vivimos en pleno siglo XXI, en plena revolución tecnológica y sin embargo seguimos manteniendo un modelo procesal del siglo XIX", cuestionan desde la Fiscalía gallega.
Los fiscales advierten de que la dilación ilimitada en el cierre de los sumarios perjudica la eficacia del proceso y alimenta los errores hasta el punto de poder causar su anulación. Más tiempo significa en no pocas ocasiones, sumarios con más puntos débiles. "Cuanto más se alargue un proceso, más posibilidades hay de que se cometa algún error que invalide la causa en su totalidad o en parte", reconoce la Fiscalía gallega. Para evitarlo, apela al "sentido común" y "separar la causa en piezas" que permitan agilizar la instrucción. Eso además de eliminar problemas de dilaciones indebidas, según apunta el Ministerio fiscal, "ejerce una función de intimidación y de presión sobre las propias organizaciones criminales, que ven cómo se llega rápido a un juicio aunque no todas las piezas avancen por igual".
La Fiscalía gallega advierte además de que un macroproceso con múltiples perjudicados y complicadas diligencias no puede ser instruido por una persona. "Se hace necesario contar con un equipo de profesionales altamente cualificados y capacitados, como se prevé en la figura de los Tribunales de Instancia, que finalmente no se ha incorporado en la reciente reforma de la Justicia", cuestiona la Fiscalía Superior. Esos profesionales, añade, deberían estar coordinados por la figura del fiscal instructor, como ya ocurre en los países del entorno europeo.
