El Gobierno cuestiona que la Xunta prime en sus contratos a firmas con planes de igualdad

El Estado ve inconstitucional otros nueve artículos de la Lei do Solo - Rechaza que se elimine la obligación de ceder el 10% de suelo a los concellos para dotaciones públicas

10.05.2016 | 09:00

El Gobierno central cuestiona la constitucionalidad de varios artículos de la Lei do Solo y del decreto en materia de igualdad de la Xunta. En concreto, el Estado muestra sus discrepancias con las cláusulas de género que introdujo el Ejecutivo gallego en su legislación para que las empresas con planes de igualdad tuvieran preferencia en caso de empate con otras ofertas en licitaciones públicas. De la misma manera, advierte de la posible ilegalidad de varias prestaciones por embarazo y paternidad de las que se benefician los funcionarios gallegos. Pone en cuestión, por ejemplo, que las trabajadoras al servicio de la Xunta cobren el cien por cien de la baja por riesgo en el embarazo, aunque no reúnan las exigencias para acceder a este subsidio, y también discrepa del permiso de 29 días al padre por nacimiento, acogimiento o adopción.

En el caso de la Lei do Solo el Gobierno cuestiona que en las actuaciones urbanísticas para construir viviendas de promoción, equipamientos públicos o suelo empresarial, las administraciones que las promuevan se queden con el 100 por cien del aprovechamiento urbanístico y no cedan el 10% al ayuntamiento.

Xunta y Gobierno central abrirán ahora negociaciones para tratar de resolver las discrepancias sobre estas dos normativas. Desde el Gobierno gallego aseguran que tratarán de llegar a un acuerdo con el Estado para evitar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Estado cuestiona la constitucionalidad de un total de nueve artículos del decreto en materia de igualdad. Entre las tachas que el Gobierno encuentra al texto de la Xunta está la figura del asesor confidencial, una especie de mediador que se encargará de recibir las quejas por acoso sexual de personal al servicio de la administración autonómica y encontrar una solución al conflicto.

De la Lei do Solo el Gobierno central cuestiona la legalidad de otros nueve artículos. Además de mostrar su disconformidad con el hecho de que no se ceda el 10% de los aprovechamientos urbanísticos para dotaciones públicas a los ayuntamientos, el Estado discrepa también de la calificación que la Xunta da al "suelo rústico de especial protección".

PERMUTA FORZOSA

Otro de los puntos conflictivos hace referencia a los mecanismos de la Xunta para hacerse con terrenos destinados a dotaciones públicas. Así, el Ejecutivo gallego contempla la posibilidad de la permuta forzosa de los terrenos e incluso la ocupación directa de las parcelas reconociendo simplemente al titular de las mismas su derecho de aprovechamiento.

Desde la Xunta defienden que "se trata de diferencias interpretativas en distintos artículos de la ley".

Sin embargo, el diputado de AGE Antón Sánchez vio ratificadas las advertencias de su grupo en el debate de la Lei do Solo sobre la "inseguridad jurídica" del texto que fue aprobado recientemente en el Parlamento de Galicia.

En relación a la Lei do Solo la Xunta publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia una instrucción que garantiza que las explotaciones ganaderas existentes en suelo rústico y núcleo rural podrán mantener su actividad.

En concreto, las que estén en suelo rústico podrán ampliarse hasta un 50%. Las nuevas, sin embargo, verán reducidos de los 5.000 a los 2.000 metros cuadrados la superficie mínima edificable.

Y en suelo rural la ley permite que se mantengan las instalaciones existentes y podrán ampliarse, pero no se permitirán nuevas explotaciones.

Por otro lado, Estado y comunidad autónoma llegaron a un acuerdo sobre el conflicto en torno a la Lei de Estradas. El Ejecutivo central aceptó los argumentos de la Xunta para expropiar suelo urbano al precio del rústico, siempre que haya acuerdo con el propietario.

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