El Ministerio de Hacienda publica cada año la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva (módulos) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales que influyeron en la rentabilidad de sus explotaciones como es en este ejercicio la crisis del lácteo gallego que arrastran desde hace 18 meses las granjas de la comunidad. Los sindicatos agrarios reclaman desde finales de abril al departamento estatal que revisase estos índices debido a que ya había comenzado la campaña de la declaración de la renta.

De esta forma, tras el informe del Ministerio de Agricultura, en el que se pone de manifiesto que durante 2015 se han producido tales circunstancias, Hacienda publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la minoración de los índices de rendimiento neto para la declaración de 2015. El conjunto de estas reducciones puede suponer para toda Galicia un descenso de la base imponible -el importe de la renta obtenida en el período impositivo por el contribuyente- de unos 18 millones respecto a un año normal.

El reglamento del IRPF permite reducir los módulos con carácter excepcional cuando el desarrollo de estas actividades económicas fuese alterado por incendios, inundaciones, sequías y otras circunstancias que hayan afectado a un sector o zona determinada. En la comunidad gallega, el módulo en el grupo de bovino de leche pasó de 0,32 a 0,16 sobre el total de la facturación por la crisis de precios. Desde Unións Agrarias consideran que pese al recorte en comparación con otros ejercicios es "insuficiente" en un contexto como el actual con "la tercera parte de los ganaderos vendiendo el litro leche a 20 céntimos cuando cuesta más de 30 producirlo". Por eso, creen que lo justo habría sido establecer un "módulo cero" en esta categoría porque -alegan- "no se ajusta a la realidad que tengan que pagar impuestos quienes pagan por trabajar". En este sentido, el secretario xeral de UUAA, Roberto García, exige además "un tratamiento fiscal diferenciado por comunidades" para evitar "desigualdades" como el hecho de que "un ganadero gallego tenga que tributar lo mismo que un andaluz cuando en Galicia el precio medio de venta del litro de leche es de 28 céntimos y en Andalucía alcanza los 37". El responsable de la organización opina que aunque el Gobierno central reconoce la crisis del sector "no muestra sensibilidad con la gravedad del problema ni con la situación específica que se vive en Galicia". García destaca el caso también del sector cunícola, que lleva sumido en una profunda crisis desde inicios de 2015 con una pérdida media de 30 céntimos por cada kilo de producción. En esta categoría el módulo del IRPF baja del 0,13 al 0,07 pero para los sindicatos es todavía demasiado.

En Galicia las reducciones en los tipos impositivos afectan a otras producciones aparte de en el grupo del bovino de leche y la cunicultura. Se trata de la apicultura (de 0,26 a 0,18); el bovino, ovino, caprino y porcino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09); el bovino y porcino de cría extensivo (de 0,26 a 0,18); el ovino y caprino de leche extensivo (de 0,26 a 0,18) y los productos del olivo y el tomate (de 0,26 a 0,22).

A los agricultores y ganaderos gallegos que realicen la declaración de la renta no solo se les tendrá en cuenta el resultado de aplicar los índices por rendimientos para calcular el IRPF sino también las subvenciones. Unións Agrarias critica que este año los solicitantes de las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC) con las que los ganaderos hacen frente a las deudas tengan que "pagar los errores de la administración" y abonar más impuestos porque la Xunta haya abonado en 2016 tanto las cuantías de este ejercicio como las del año pasado con retraso.

Pero más grave consideran que por primera vez, los jóvenes que perciban subvenciones de la Xunta para incorporarse al campo tengan que pagar al fisco hasta el 30% de lo que reciben, es decir, unos 6.000 euros de un total de 20.000 que necesitan para invertir en sus explotaciones. Hasta ahora, los afectados apenas tributaban 200 euros porque el Gobierno central catalogaba las ayudas como subvenciones de capital para generar empleo y modernizar la granja, mientras que ahora la Agencia Tributaria las computa como ganancias patrimoniales derivadas de su actividad económica que, por tanto, no están exentas del IRPF.