El juez ultima la suspensión de la condena a prisión del capitán del 'Prestige'

La Audiencia de A Coruña da un mes de plazo a las partes para reclamar los daños

13.05.2016 | 01:25

Tres meses y medio después de que el Tribunal Supremo condenase al capitán del Prestige y abriese la vía a que la aseguradora pague los daños de la marea negra, la Audiencia de A Coruña, encargada de la ejecución de la sentencia, emitió un auto en el que fija un mes de plazo a las partes para que presenten sus reclamaciones económicas por las consecuencias del vertido. La Sección Primera del tribunal que en noviembre de 2013 dictó una sentencia absolutoria por la mayor catástrofe medioambiental en aguas españolas también tiene intención de suspender por tres años el cumplimiento de la pena del capitán del viejo petrolero, Apostolos Mangouras, condenado a dos años de cárcel por un delito imprudente contra el medio ambiente. La decisión que eximirá al capitán del Prestige, de 81 años de edad, de cumplir condena entre rejas está pendiente de notificación oficial a las partes. Pero en el caso de que Mangouras delinca en ese periodo, tendrá que ingresar en prisión.

A finales del pasado mes de enero, el Supremo resolvió los 18 recursos presentados contra la sentencia absolutoria del Prestige. En la resolución, el Alto Tribunal abrió la puerta a que los daños de la marea negra los asuma la armadora (Mare Shipping) y la aseguradora del viejo monocasco, The London P&B Club, al declararles responsables civiles de la catástrofe medioambiental provocada por el vertido de más de 63.000 toneladas de fuel.

Durante el proceso, la Fiscalía reclamó en concepto de responsabilidad civil más de 4.300 millones en indemnizaciones. Ahora, la Audiencia de A Coruña emitió un auto en el que da un mes a las partes para que concreten sus peticiones en la vía civil. Entre las partes afectadas están Nunca Máis y Arco Iris, así como representantes de trabajadores del mar y empresas. El Estado español también se personó, con recursos en nombre de la Administración del Estado, el Ministerio Fiscal y la Xunta. En Francia, también se unieron a estos recursos, tanto desde el Estado galo como desde el Consejo General de la Bretaña, la comuna francesa de Capbreton y el Consejo General de Vendée.

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