El Consejo Fiscal ha admitido hoy que es "imposible" cumplir con el plazo legal para la revisión de causas penales en aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fijado en el próximo 6 de junio, y ha solicitado que "se adopten medidas adecuadas para corregir esta situación".
En un comunicado, el principal órgano asesor del Ministerio Público que preside la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, asegura que "considerando los medios actuales" no es posible cumplir con ese plazo.
Fue en la pasada legislatura cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita las instrucciones a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas. Para su aplicación, la norma fijaba un periodo de seis meses -hasta el 6 de junio- en el cual los fiscales debían calificar como sencillas o complejas 539.543 procedimientos penales, unos 35.000 en juzgados gallegos.
Pero a finales de abril la Fiscalía advirtió de que todavía restaban por calificar 436.355 causas, un 80% del total.
El Consejo Fiscal considera que "la actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales", que ven de "difícil o imposible cumplimiento".
"Con la información disponible las fiscalías no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa", añade el texto.
Precisamente ayer, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales advirtieron del riesgo de incumplimiento del artículo 324 cuando venza el plazo. "No llegamos ni vamos a llegar", afirmaron sus portavoces en declaraciones a Efe.
El Consejo Fiscal sostiene que "el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal" ya que la normativa atribuye al juez la dirección en la instrucción de los procedimientos.
Con todo, el Consejo quiere dejar claro "el enorme esfuerzo desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses, en condiciones muchas veces difíciles, revisando la tramitación de las causas", en cumplimiento de lo establecido en la reforma.
Fuentes próximas al Consejo reconocen que se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de solicitar la suspensión inmediata y urgente de la reforma, pero finalmente han descartado hacerlo porque con un gobierno en funciones no es viable jurídicamente.
"Esto es lo que pedimos al Gobierno cuando no estaba en funciones, para no llegar a esta situación, pero no lo hicieron", explican las fuentes.
También se ha discutido sobre la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia para que fueran pasando las causas a los fiscales y así no caduquen. "No llegaríamos al final pero se puede paliar en parte el problema", precisan.
De esta forma, se abre ahora un panorama incierto respecto del futuro de las causas penales, aunque eso no significa el archivo automático de los procedimientos, sino que cumplido el plazo los fiscales no podrán practicar más diligencias, por lo que el proceso queda paralizado, de manera que tendrán que decidir si se archiva o se va a juicio con las pruebas que se tengan hasta la fecha.
Por otra parte, el Consejo Fiscal ha recibido información de la Unidad de Apoyo respecto de la implantación de Lexnet en las diferentes Fiscalías, al tiempo que ha suspendido el estudio de la ampliación de plantilla de la carrera fiscal hasta no tener un informe definitivo del Ministerio sobre el número de plazas creadas.
