Miles de causas, abocadas al archivo por la imposibilidad de revisión antes del 6 de junio

Fiscalía admite que no le da tiempo a clasificar en plazo todos los procesos penales, más de 35.000 en Galicia. A finales de abril faltaban por catalogar el 80%

19.05.2016 | 14:06
Expedientes judiciales apilados.

Miles de causas corren el riesgo de ser archivadas por la imposibilidad de que los fiscales las clasifiquen según su complejidad antes del próximo 6 de junio y decidan si les dan ya carpetazo o prorrogan su instrucción. Esa es la fecha tope que fija la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ha llevado al Consejo Fiscal a reunirse ayer tras las quejas de la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales advirtiendo de la imposibilidad de cumplir el plazo de revisión de las causas abiertas en los juzgados españoles. A quince días de que venza el plazo, el órgano asesor de la Fiscalía reconoce que es "imposible" tener todas las causas judiciales clasificadas como complejas o no complejas en el plazo. La decisión se tomó ayer por unanimidad de sus miembros, incluida la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, al tiempo que emplazaron al Ministerio de Justicia a adoptar "las medidas adecuadas", aunque sin concretar cuáles.

A las pocas horas de trascender el comunicado del Consejo Fiscal, el Ministerio de Justicia anunció la convocatoria para hoy de una reunión con la fiscal general del Estado para abordar los problemas sobre el cumplimiento del plazo legal para la revisión de más de 540.000 causas en España, más de 35.000 abiertas en los juzgados gallegos. Ahora bien, Justicia mantiene su confianza en el cumplimiento del plazo legal como así ha sucedido en muchas fiscalías, si bien reconoce que en otras existen una mayor dificultad por llegar a tiempo, puesto que tienen una mayor dimensión o volumen de trabajo. Eso sí, el departamento que dirige Rafael Catalá asegura que en ningún caso se producirá el archivo automático de las causas penales por no llegar a tiempo.

"No llegamos ni vamos a llegar", sentenció el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz. Los colectivos de fiscales comparten el mismo diagnóstico y así lo hicieron saber en sendos informes presentados ayer sobre la situación de las Fiscalías a raíz de la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"No será posible revisar todos los procedimientos en trámite y, por tanto, asegurar un control efectivo de todas y cada una de las causas, por lo que inevitablemente habrá que afrontar en cada uno de estos casos las consecuencias procesales que procedan", advierte la UPF.

El objetivo con que el se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal era evitar que macrocausas como la Pokemon, Campeón, Carioca o Patos se eternizasen en los juzgados. Para los asuntos complejos, la normativa fijaba una instrucción de año y medio, prorrogable hasta un máximo de 36 meses. Muy lejos de ese plazo quedan los nueve años de investigación de la catástrofe medioambiental del Prestige o los más de cuatro años que suma la instrucción de la Pokemon, la mayor trama de corrupción investigada en Galicia con más de un centenar de imputados. Para los asuntos sencillos, la ley fija una instrucción de seis meses.

En las últimas semanas, las jueces de la Pokemon y de la Patos reclamaron la prorroga de la instrucción por un año y medio más.

Nada más arrancar el proceso, los juzgados gallegos sumaban más de 35.000 causas que debían ser revisadas por los fiscales antes del 6 de junio: casi 15.500 en los juzgados de la provincia de A Coruña, más de 10.700 en los de Pontevedra, cerca de 5.500 en Lugo y más de 3.500 en Ourense. Ya entonces, los fiscales gallegos cuestionaban la falta de medios humanos y también de herramientas informáticas para agilizar la revisión de los procesos penales. A finales del pasado mes de abril, la Fiscalía advirtió de que en el conjunto de Espataña todavía restaban por clasificar un 80% del total.

Fuentes próximas al Consejo Fiscal reconocieron que en la reunión de ayer también se puso sobre la mesa la posibilidad de solicitar la suspensión inmediata y urgente de la reforma, pero finalmente se descartó porque con un Gobierno en funciones no es viable jurídicamente.

Tras la reunión del Consejo Fiscal celebrada ayer, el órgano que preside Madrigal concluye que "el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio fiscal". Y ello se debe a que en estos momentos el encargado del impulso y custodia de los documentos es el letrado de la administración de justicia (antes secretario judicial), y no los fiscales.

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