Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acudieron ayer por la mañana a la Diputación de Lugo para solicitar más documentación relativa a la llamada operación Pulpo, concretamente sobre el Breogán y la consultora Price Waterhouse, según confirmó el propio presidente de la institución provincial, Darío Campos, pero también sobre subvenciones con cargo a los fondos Feder e informes sobre el personal del KM0, tal y como detallaron fuentes jurídicas.

Los agentes regresaron a la Diputación por orden de la juez Pilar de Lara que investiga la existencia de un "entramado" en la corporación provincial para "manipular concursos", otorgar de forma "fraudulenta" subvenciones y "desviación de caudales públicos" en anteriores etapas de gobierno. Esta investigación judicial fue la que sepultó la carrera política del ya exsecretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que tras sumar seis delitos más de corrupción decidió dimitir como líder de los socialistas gallegos días después de haber renunciado a las primarias como candidato a la Xunta.

La llegada de los agentes coincidió con un receso en el pleno extraordinario que se estaba celebrando en la Diputación para aprobar de forma definitiva el presupuesto de la institución, de modo que tanto el secretario como el presidente de la corporación fueron informados de las peticiones formuladas por la policía.

"Requirieron mi presencia para firmar unos documentos", precisó Darío Campos, quien también aclaró que los agentes "están buscando documentación en relación con la operación Pulpo". También dejó claro que no se trataba "de un registro", sino que los agentes se presentaron en la Diputación por orden de la instructora para buscar "información sobre el Breogán" y sobre la consultora "Price Waterhouse". Campos también subrayó que no le parece "casual" la irrupción de los agentes justo "el día del pleno y a esta hora", porque los agentes de la Udef tenían "momentos para venir sin montar este revuelo", informa Efe. Los delitos que se investigan en esta operación son cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, información privilegiada, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y descubrimiento de secretos.