La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado reabrir la investigación sobre las causas del accidente de tren del Alvia, que el 24 de julio de 2013 costó la vida en Santiago a 80 personas y dejó más de un centenar de heridos. El juez Andrés Lago había cerrado la instrucción del caso el pasado mes de octubre con la única imputación del maquinista Francisco Garzón, decisión que fue recurrida por las partes. Tras analizar los 16 recursos -presentados por las víctimas, la defensa del maquinista y la aseguradora de Renfe, entre otros-, la Audiencia desestima la mayor parte de las diligencias solicitadas pero considera que es necesario aclarar si "existía efectivamente un riesgo excesivo en la curva, valorado con arreglo a pautas técnicas y que en virtud de estas debería haber sido paliado hasta límites razonables". Y, de esta manera, abre la puerta a que pudieran concurrir "otras responsabilidades criminales de terceros por haber permitido esta situación de riesgo".

Tanto el juez del caso como la Fiscalía habían rechazado inicialmente los recursos que reclamaban la reapertura de la investigación y la práctica de más diligencias, decisión que ahora revierte la Audiencia de A Coruña.

Los magistrados que firman el auto que se hizo público ayer son conscientes, en todo caso, de que la reapertura de la investigación sobre el Alvia puede provocar "dilaciones" en el enjuiciamiento que retrasarían las posibles indemnizaciones y, por esta razón, aclara que cuando se retome la instrucción debe centrarse únicamente en aclarar lo recogido en dos informes: el elaborado por el técnico designado por la aseguradora de Renfe, el ingeniero holandés Frans Heijnen, y el que elaboró el catedrático Enrique Castillo Ron a petición de un perito judicial. Durante la instrucción el juez Andrés Lago no les tomó declaración y se limitó a citar a los tres peritos nombrados judicialmente.

En su escrito, la Audiencia de A Coruña no ve indicios de relevancia penal relacionados con la homologación del tren, su peso, la señalización, el balizamiento o la ausencia de ERTMS. Todo ello se ajusta, según explica, a la normativa. Otra cosa es si Adif hizo una correcta evaluación de los riesgos y adoptó medidas para minimizarlos. Y es ahí donde los magistrados piden más indagaciones. "Existen indicios de que en la curva se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, habría impuesto su minoración o eliminación". Así, en base a los análisis de estos peritos, el auto sostiene que en esta línea "puede razonablemente esperarse que el peligro ocurra". Y añade que esta reducción del riesgo "no era impracticable" puesto que después del accidente se tomaron medidas para aumentar la seguridad en ese tramo.

El auto concluye que hubo "deficiencias técnicas" en la evaluación que se hizo de los riesgos. "Hubo un riesgo no deseado que debería haber sido reducido, como efectivamente se podía haber hecho y no se hizo". Y además alude a que no se tomaron medidas para evitar el peligro que podía suponer un fallo humano como el del maquinista. "El método aplicado por Adif presenta carencias que determinaron que no se apreciara el riesgo realmente existente y que se transfiriera y exportara al personal de Renfe sin evaluarlo ni adoptar medidas para comprobar que el riesgo se mantenía en niveles aceptables".

Y, por último, insta al juez a aclarar si es cierto si se tendría que haber reforzado la seguridad en las zonas de transición de velocidad. En la curva de A Grandeira había que reducir bruscamente los 200 kilómetros por hora de velocidad máxima a tan solo 80 km/h.