El número de ex altos cargos de la Xunta investigados por el dragado da ría de Ferrol se eleva a cuatro. El último en entrar en la lista de investigados es el exdirector xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García-Borregón Millán, que ha sido citado a declarar el próximo lunes. A García-Borregón le imputan los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental, por haber autorizado, supuestamente, el dragado del canal de la ría de Ferrol, con el objetivo de facilitar las entrada y salida de busques gaseros hacia la planta de Reganosa.

Desde la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, dependiente de la Consellería de Medio Rural, aseguró haber emitido en el año 2011 un informe "técnico, como en tantos otros proyectos", autorizando la realización del dragado de entrada de la ría de Ferrol. Asegura que prestará toda la colaboracion con la Justicia, "al igual que ha hecho siempre" para que "se determine si es el caso la existencia de alguna responsabilidad".

Fue la organización ecologista Adega la que presentó una denuncia por esta autorización, que fue admitida a trámite y que ha derivado en una investigación a instancias del Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por Álvaro García Ortiz, que además ha hecho extensiva esta investigación a otros tres exaltos cargos de la Xunta.

En concreto, se trata de Rogelio Fernández Díaz, que fue subdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade; Javier Turrillo Montiel, entonces jefe del servicio de Análisis e Proxectos y Carlos Múñoz, que fue jefe del servicio de Conservación da Natureza en la Delegación de la Xunta en A Coruña.

Según Adega, los investigados "presuntamente elaboraron después de iniciadas las obras del dragado una autorización ambiental basada en un supuesto informe técnico que no figuraba en el expediente". Además, la organización ecologista denuncia que vez finalizadas las obras de dragado y tras las gestiones del Valedor do Pobo y la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la denuncia, "apareció el informe que, curiosamente, recomendaba la no ejecución del proyecto por sus impactos ambientales".