El plazo para clasificar las más de 35.000 causas penales que se acumulaban en los juzgados gallegos en diciembre está a punto de agotarse. Y con él, cientos de causas corren el riesgo de cerrarse incompletas y por tanto no llegar al culpable. En vísperas de que finalicen los seis meses fijados por el Ministerio de Justicia en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para revisar los asuntos pendientes-el próximo lunes-, las fiscalías gallegas se enfrentan a una avalancha de procesos enviados desde los juzgados de toda la comunidad para que sean catalogados como "sencillos" y, en consecuencia, se cierre la instrucción, o como "complejos" y, por tanto, se prorrogue la investigación.

Solo desde los juzgados de Santiago llegaron entre el viernes de la semana pasada y este lunes, un total de 700 asuntos para su revisión. Ante este envío "en tropel" de causas por parte de los secretarios judiciales en la recta final del proceso, el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, advierte de que habrá causas que se cerrarán incompletas, ya que no se podrán realizar más diligencias. En consecuencia, avisa García Ortiz, se perderán pruebas e incluso habrá casos en los que no se podrá dirigir la acusación contra nadie y, por tanto, no se llegará a la declaración de imputado -ahora investigado-.

Ya antes de que entrase en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el pasado 6 de diciembre, el sector de la judicatura calificó el proceso de "misión imposible" tanto por la falta de medios como por la reforma en sí. De "chapuza" , "disparate", "puzle en el que las piezas no encajan" o "un corta y pega" de un proyecto anterior llegaron a calificar jueces y fiscales esta reforma que, a su juicio, no hace más que agravar la saturación que arrastran los juzgados desde hace años.

Las quejas de los últimos meses llevaron al Consejo Fiscal, el órgano asesor de la Fiscalía del Estado, a reclamar al Ministerio de Justicia hace apenas dos semanas que adoptase "las medidas necesarias" ante la "imposibilidad" de cumplir el plazo de revisión. La reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, se produjo al día siguiente, ya en la recta final del proceso, ordenando a los secretarios judiciales que informen de las causas pendientes. Una cifra de la que aún no se ha hecho avance alguno. El único balance hasta ahora ha sido que el 80% de los procesos ya han sido clasificados. Pero ¿de cuántos? Porque Justicia ha dado tres cifras distintas: 346.000, 460.000 y 580.000 asuntos en el conjunto del país.