Una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo ha aceptado la pena de un año y seis meses de prisión y una sanción de nueve euros diarios durante seis meses -unos 1.620 euros- por un delito continuado de falsedad y prevaricación derivado de la retirada de multas de tráfico.

La trabajadora pública, que también ha aceptado un año y cinco meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con el departamento de sanciones de cualquier jefatura provincial de Tráfico, estaba acusada de sobreseer de forma irregular expedientes sancionadores a personas con las que mantenía una relación de amistad.

El Ministerio Fiscal pedía en un principio cinco años y seis meses de cárcel, así como una multa de 7.920 euros, y la inhabilitación para ejercer empleo público durante un período de seis años, a raíz de unos hechos que se remontan al periodo de entre 2006 y 2008.