Una de las condiciones que puso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que las comunidades pudiesen acceder a los mecanismos de liquidez habilitados por el Gobierno central fue que tenían que suprimir una parte de los entes vinculados a los gobiernos autonómicos, los conocidos como chiringuitos. Y como todas las autonomías necesitan las ayudas estatales, todas se han apretado el cinturón y han reducido la llamada administración paralela.
En Galicia, el recorte ha sido del 27% en los últimos cuatro años, seis puntos por encima de la media nacional. Es la quinta comunidad, tras Baleares (54%), Murcia (40%), Castilla-La Mancha (38%) y Castilla y León (29%), en donde la rebaja ha sido mayor, según el inventario que publicó ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
A principio de 2012, la comunidad gallega contaba con 160 organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones e incluso sociedades mercantiles convencionales. Cuatro años después, esa cifra se ha reducido a 116. Pese a ello, aún es la cuarta comunidad (en 2012 era la sexta) con más entes públicos dependientes del gobierno autonómico. Solo la superan Cataluña (395), Andalucía (326) y Comunidad Valenciana (122).
La reducción del sector público de las comunidades ha sido considerable desde que se firmó el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en 2012 en el que los Ejecutivos autonómicos se comprometieron a reordenar y racionalizar su sector público. La medida se incluyó en los planes de ajuste que permiten acceder a fondos de financiación como el FLA.
Desde entonces se han eliminado hasta 2016 a nivel nacional 482 entes y quedan en funcionamiento 1.884. De media, las comunidades han suprimido el 21% desde 2012. Este porcentaje aumentará al 30% cuando termine el proceso en el que están inmersos casi dos centenares de organismos públicos, asegura Hacienda.
El informe del ministerio destaca la reducción experimentada durante los últimos cuatro ejercicios en el número de sociedades mercantiles y consorcios dependientes de las comunidades autónomas, tanto en términos absolutos como relativos. Estos entes públicos consiguen una gran cantidad de recursos gracias a los aportes que reciben directamente de los Ejecutivos, aunque también a menudo arrastran problemas económicos.
La supresión de estos organismos fue uno de los compromisos que adquirió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El ahorro tras el recorte de estos chiringuitos supera los 50 millones, según los últimos datos que ha ofrecido el líder del Ejecutivo gallego.
La Consellería de Facenda última una orden por la que obligará a la administración paralela a trabajar por objetivos y además reforzará su control. Las entidades deberán contar con un plan a tres años con indicadores "cuantificables" y "claros" a corto plazo, y además deberán contar con un supervisor propio que velará por el cumplimiento de esos objetivos.
