La operación Patos retoma el vuelo con fuerza. La investigación judicial sobre esta trama de supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos se vio durante los últimos cuatro meses condicionada por los recursos de varias de las defensas en las que se instaba la nulidad de esta macrocausa debido a la inexistencia en las diligencias en papel de un auto clave: el controvertido documento de 30 de enero de 2013 que ordenaba las escuchas al teléfono móvil de Enrique Alonso Pais, presunto cerebro de la trama. Pero tras un primer auto de la juez instructora, ratificado por un segundo, en el que se rechazaba la anulación de este proceso con medio centenar de empresarios, políticos, funcionarios o técnicos investigados en la causa principal y en la pieza de Nigrán, ahora llegó el definitivo, el de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que también da por válidos los pinchazos. Una resolución firme que cierra la vía a más recursos, al menos en la vía ordinaria, y que casi coincide en el tiempo con la ronda de interrogatorios a nuevos imputados y testigos que arranca la próxima semana y se prolongará hasta final de mes.

Con un largo camino de indagaciones aún por delante en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo -la juez María del Carmen García Campos ha prorrogado el tiempo de investigación por su complejidad-, fuentes jurídicas consultadas dan sin embargo por hecho que, en el futuro juicio, la lucha de las defensas para tratar de anular los pinchazos se retomará en la fase inicial de cuestiones previas. ¿Y ahora? El auto de este martes de la Sección Quinta del órgano provincial es firme, pero hay letrados que opinan que aún se podría ir a la vía extraordinaria, con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. "Pero las probabilidades de éxito son muy escasas", reconocen. Al margen de los recursos, sigue abierta, ya muy avanzada, la pieza separada ordenada por la magistrada a petición del fiscal encaminada a realizar diligencias, una especie de pericial técnica, para probar también por esta vía la legalidad de las escuchas.