Las piquetas de la Xunta derriban en 8 años 600 viviendas, galpones y naves ilegales

Entre los meses de enero y abril fueron reducidas a escombros 35 edificaciones. De mantener el ritmo de años pasados se cerrará el año 2016 con un récord de demoliciones: más de 130. También han aumentado los derribos voluntarios

04.06.2016 | 17:52

No hay semana en Galicia en que una vivienda, nave, cobertizo o galpón no sea reducido a escombros por orden de la Xunta. Los inspectores urbanísticos peinan a diario la comunidad de norte a sur, levantan acta de cualquier irregularidad en suelo rústico o en zona de costa y dan traslado para la apertura del correspondiente expediente sancionador. El primer aviso al propietario llega en forma de multa, pero al final no le quedará otra que la demolición. En los primeros cuatro meses del año, las excavadoras redujeron a escombros un total de 35 construcciones ilegales, la mayoría viviendas unifamiliares.

Desde que el bipartito creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el número de demoliciones en la comunidad no ha dejado de aumentar. En estos ocho años, las piquetas y excavadoras de la Xunta convirtieron en solares unas 600 edificaciones ilegales.

El balance del año pasado se cerró con una cifra récord: un total de 154 derribos, lo que supone un 20% más que ejercicio anterior (129) y el cuádruple que hace cinco años (38).

De mantenerse el ritmo del primer cuatrimestre, 2016 se cerrará con un volumen de demoliciones muy por encima del que se había fijado la Consellería de Medio Ambiente para este año (un total 98) e incluso batiría un nuevo récord, ya que casi el 70% de los derribos ejecutados cada año suele concentrase en el último semestre, lo que elevaría a entre 130 y 140 el total de obras derribadas este año en la comunidad.

De cumplirse este objetivo, la APLU rebasará las 600 edificaciones borradas del catastro a base de piqueta y pala desde que la agencia inicio su actividad en primavera de 2008. Desde entonces, las excavadoras irrumpieron en más de un centenar de ayuntamientos gallegos para reponer la legalidad urbanística.

Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran el 80% de las obras demolidas. De los 35 derribos ejecutados entre enero y abril, un total de 18 se llevaron a cabo en municipios pontevedreses y diez en coruñeses. En Lugo se acometieron cuatro demoliciones y en Ourense las tres restantes. Casas unifamiliares, casetas de uso residencial, merenderos, casas prefabricadas o caravanas son algunas de las edificaciones que puso en el punto de mira la APLU en el primer cuatrimestre del año. Allí donde estaban fue devuelta la legalidad urbanística. Cangas, Sanxenxo, O Grove, Bueu o Porto do Son son algunos de los concellos donde más han actuado las piquetas.

En el arranque del año el 75% de los ayuntamientos gallegos ya habían sido inspeccionados por los agentes de la APLU de forma exhaustiva. El 25% que resta, especialmente en zonas rurales, será donde pondrán el foco los inspectores urbanísticos.

Derribos voluntarios

En los últimos tres años se han reducido los casos de derribos que llegan a los tribunales. Uno de los motivos es la concienciación de sus propietarios, que saben que tarde o temprano su vivienda o galpón serán reducidos a escombros porque carecen de licencia o fueron levantados en suelo rústico o zona de costa no edificable. Pero la razón de mayor peso es la económica, ya que se ejecutan la demolición de manera voluntaria se evitarán las sanciones que aumentan a medida que el expediente de derribo avanza. El infractor que acata la orden de demolición tiene una bonificación en la multa del 80%. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar al propietario a cumplir la orden y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando interviene la administración -la autonómica en suelo no urbano y los ayuntamientos en el resto- para ejecutar la demolición de forma subsidiaria, reclamando los gastos a posteriori.

Para abordar el estado actual y futuro del urbanismo en España, la APLU organiza el lunes y el martes unas jornadas en Santiago, que serán inauguradas por el director de la agencia, José Antonio Cerdeira; el director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, y la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato.

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