PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado la pretensión de En Marea-Podemos de reunir a la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano de la Cámara que se mantiene activo tras la disolución de las Cortes, para discutir la exigencia de responsabilidades al Gobierno del PP por la planta de Reganosa en Mugardos.

La confluencia gallega con la que Podemos, Esquerda Unida y Anova se presentaron a las elecciones generales de diciembre pidió hace una semana convocar a la Diputación Permanente del Congreso para debatir la decisión del Consejo de Ministros de eximir a Reganosa de presentar declaración de impacto ambiental (DIA) para su planta en la ría de Ferrol, decisión en la que ven un "caso de flagrante corrupción" y prevaricación.

La diputada Yolanda Díaz, de Esquerda Unida (EU-IU), recordó entonces que existen tres sentencias del Tribunal Supremo (las dos últimas de los pasados meses de marzo y abril) que "anulan" los proyectos de ejecución de la planta de gas en el interior de la ría de Ferrol, una infraestructura que a su juicio supone un riesgo tanto para el medio ambiente como para las personas, al tener una potencia equivalente a "120 bombas atómicas".

A la luz de estos datos, a los que se suman la reciente imputación de varios altos cargos de la Xunta de Galicia por el dragado "a todas luces ilegal" realizado en la ría para "acomodar" esta infraestructura, Yolanda Díaz entendía que es un "caso excepcional" que justificaría la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

Sin embargo, la Mesa de la Diputación Permanente, que preside el socialista Patxi López y de la que sólo forman parte PP, PSOE y Ciudadanos, ha desestimado la petición recordando, sin entrar en el fondo de la cuestión, que con las Cortes disueltas las competencias del citado órgano parlamentario están muy tasadas y no caben interpretaciones para tratar de ir más allá de la legislación.

Por los mismos motivos, la Mesa de la Diputación Permanente ya rechazó hace quince días la petición de Convergència (CDC) y de Esquerra (ERC) de convocar al mismo órgano parlamentario para debatir la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la prohibición de las ´esteladas´ en la final de la Copa del Rey de fútbol. En aquella ocasión, el presidente del Congreso añadió además la negativa del Gobierno en funciones a ser sometido a control parlamentario por una Cámara que no le eligió, un asunto que ha acabado en el Tribunal Constitucional por el conflicto de atribuciones presentado por el legislativo.