La última reforma de la Ley de Costas abrió la puerta para que los concellos pudiesen regularizar los núcleos marineros situados a menos de 100 metros de la costa que están fuera de la disciplina urbanística municipal. Pero se trata de un proceso no exento de dificultad, a lo que se suma además que no todos los ayuntamientos afectados recurriesen al proceso exprés para regularizar sus asentamientos costeros. De hecho, solo se acogieron a esta posibilidad 45, cuando la Xunta entiende que serían 87 los ayuntamientos que cuentan con alguna población sin legalizar, si bien no existe un censo cerrado con todas las localidades afectadas por la Ley de Costas. La escasa reacción de los municipios gallegos motivó a la Xunta el pasado mes de septiembre a ofrecer su mediación para tramitar ante el Ministerio de Medio Ambiente la legalización de estos núcleos tradicionales costeros. Sin embargo, nueve meses después solo once han pedido ayuda al Gobierno gallego. Del total de 87 ayuntamientos a los que la Xunta ofreció asesoría técnica por carta, únicamente han aceptado la mediación Arteixo, Fisterra, Mugardos, Boiro, Cabanas, Cervo, Sanxenxo, Redondela, Cambados, Vilaboa y O Grove. Acabado el proceso exprés, no se cierra la puerta a la legalización de los núcleos marineros sobre los que no se pudo acreditar su existencia antes de 1988 o que cuenten con condiciones mínimas de urbanización y servicios públicos comunes, pero la tramitación a partir de ahora se vuelve mucho más compleja para los municipios.
