La primera decisión de la nueva dirección del grupo parlamentario del PSdeG desde que Xoaquín Fernández Leiceaga ganó las primarias se estrenó ayer en el pleno con un giro a su política tradicional, que rechaza extender a otras comunidades los conciertos económicos vasco y navarro. El nuevo equipo ordenó a sus diputados que apoyasen la proposición de ley del BNG para pedir al Gobierno central un sistema de financiación para Galicia similar a Euskadi o Navarra, en contra de la postura estatal del partido e incluso del propio Leiceaga, que horas más tarde desautorizó a la cúpula parlamentaria porque una medida de ese tipo sería lesiva para los intereses gallegos.

La directriz fue seguida por todos los diputados del PSdeG para no quebrar la disciplina de voto, pero generó profundo malestar entre el sector afín al anterior portavoz, José Luis Méndez Romeu. Algunos parlamentarios incluso llegaron a advertir de la "locura" de ese voto, según confirmaron fuentes del partido, donde la postura generó sorpresa e incluso preocupación entre algunas de sus principales figuras.

La votación de ayer ilustró el momento de división que vive el PSdeG tras las primarias que venció Leiceaga frente a Méndez Romeu para ser candidato a la Xunta en las elecciones autonómicas de octubre. Tras perder, este último abandonó la Portavocía parlamentaria, cargo que pasó a ser ocupado Patricia Vilán, secundada por otros diputados en sintonía con el rumbo trazado por Leiceaga y que ayer se estrenaron en primera fila del hemiciclo.

Todos los parlamentarios socialistas recibieron por correo electrónico las indicaciones para votar a favor de la "toma en consideración" de la proposición de ley del Bloque -que tumbó el PP y no tendrá más recorrido- que pide al Gobierno central "un convenio económico" para Galicia "análogo" al vasco y al navarro. Eso permitiría que la comunidad contase con una hacienda propia con "plena soberanía fiscal", es decir, que recaudase todos sus impuestos y pudiese regularlos sin mediación de la Administración central.

Ese trato fiscal especial ya generó un debate interno de los socialistas a nivel estatal en octubre pasado, pues barones como Susana Díaz (Andalucía) o Ximo Puig (Valencia) propusieron modificarlo, si bien finalmente Ferraz optó por no defender cambios, pero tampoco extenderlo a otros territorios.

El diputado Juan Carlos González Santín fue el encargado de defender la postura de su formación, avalada por AGE y el Grupo Mixto en su voto favorable a la demanda del Bloque, si bien insistió en que el PSdeG mostraba "todas las dudas" sobre la extensión del concierto a Galicia. El grupo alegó que siempre apoyó las tomas en consideración de propuestas de la oposición para "permitir el debate", extremo que negaron en privado diputados críticos con la decisión.

A pesar de la sintonía de la nueva dirección del grupo parlamentario con Leiceaga, este se desmarcó de la votación de ayer, aunque trató de matizar que tan solo se trataba de apoyar el debate, no "el fondo" de la medida. Sobre el concierto, el candidato, catedrático de Economía Aplicada en la Universidade de Santiago (USC), fue categórico: Galicia perdería 1.000 millones de euros con un concierto similar al vasco. "No es nuestra posición de fondo sobre ese tema", alegó en una desautorización del voto de sus compañeros de partido en el Parlamento. "Un concierto económico perjudicaría claramente a Galicia", sentenció. No quiso pronunciarse sobre si la abstención se hubiese ajustado mejor a la postura socialista.