El juez abre juicio por el 'caso Campeón' y pide a 10 imputados 4,5 millones de fianza

La investigación judicial se inició hace seis años e implica a tres cargos del Igape por la trama para obtener subvenciones fraudulentas de la Xunta

14.06.2016 | 09:47
El principal acusado Jorge Dorribo.

Seis años después de iniciarse la instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha decretado la apertura del juicio oral por la llamada operación Campeón. Esta investigación judicial gira en torno al empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo -el principal imputado- como eje de una supuesta trama para la obtención de subvenciones fraudulentas de la Xunta a través del Igape. El juez, Sergio Orduña Alonso, mantiene la acusación formulada por el fiscal contra 13 personas -tres de ellas con cargos en el Igape en el momento de abrirse la investigación- y a 10 les reclama una fianza de 4,56 millones en total.

El grueso de la instrucción de esta causa la dirigió la juez lucense Estela San José, ahora con nuevo destino en Huelva. Durante el proceso llegó a imputar a medio centenar de personas, pero por el camino se fueron desestimando algunas y la investigación principal se desgajó en varias piezas, como la que afecta al exconselleiro de Industria Fernando Blanco. De la relación inicial se cayó el exministro de Fomento José Blanco, cuyo caso llegó al Tribunal Supremo y determinó el sobreseimiento del caso al no encontrar indicios de que el político lucense hubiera aceptado un soborno de Jorge Dorribo para mediar ante el Gobierno central en favor de las empresas del farmacéutico. También decayó la imputación del que fuera alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco.

La trama de la Campeón tenía el foco en el cobro de subvenciones fraudulentas procedentes del Igape por parte de Dorribo y sus empresas, con Laboratorio Nupel en el centro de la trama. De hecho, dos excargos del Instituto de Promoción Económica figuran imputados en la causa: el vigués Joaquín Varela -que era el director general de la entidad-, y el entonces subdirector de Información Carlos Silva Liste, que fueron relevados de sus cargos en 2011. Cristina Quintela Sánchez también está investigada pero sigue en el área de Financiación del Igape. A cada uno de ellos se les acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública. La Xunta, que ejerce la acusación particular, no actúa contra ninguno de ellos.

Pero el principal imputado es Jorge Dorribo, considerado el organizador de la trama para conseguir subvenciones públicas de forma fraudulenta e intentar así reflotar sus empresas. El juez le imputa nueve delitos, como blanqueo de capitales, insolvencia punible, falsedad documental, cohecho o contra la Hacienda Pública y la Fiscalía pide para él 24 años de cárcel.

Dorribo habría utilizado el Igape para lograr una subvención de casi un millón de euros y para obtener otros 2,9 millones mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Según se recogía en el sumario, las ayudas percibidas no fueron destinadas a los objetivos para las que se habían solicitado.

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