Una alegación de última hora del Gobierno central motivó el retraso de la publicación del informe que elaboró la Agencia Ferroviaria Europea sobre el accidente de tren en Angrois, que analiza la falta de independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Así consta en un correo electrónico que remitió el director ejecutivo de la agencia europea a la plataforma de víctimas Alvia 04155.
El presidente de este organismo europeo decidió inhibirse, al existir esta alegación, según recoge Europa Press, y el director ejecutivo de la agencia ferroviaria solicitó a los afectados un plazo extra de quince días para resolver si el documento se hará público, conforme a las normas de transparencia de la Unión Europea, o si no se difundirá.
Josef Doppelbaueur, el director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea, traslada a las víctimas que podrá "tomar una decisión final el 8 de julio". Esa fecha va en la línea de las comunicadas a la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, por la Comisión Europea la semana pasada, cuando informó de que aplazaba hasta después de las elecciones generales, con la fecha límite del 7 de julio, la decisión sobre si hacía o no público el informe.
En su correo, el pasado viernes 17 de junio, Doppelbauer indicó al presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, que para dilucidar si es posible atener a las excepciones que contempla la regulación sobre transparencia para no divulgar el informe precisaría "más tiempo". Domínguez respondió este lunes mostrando su disconformidad con que esta alegación de última hora está, a su juicio, "diseñada para impedir la publicación" del documento, algo que ve en la línea del "bloqueo" de la creación de una comisión de investigación parlamentaria por parte de PP y PSOE.
Si bien los perjudicados por el siniestro se hacen a la idea de que tendrán que esperar, hacen un llamamiento para asegurarse de que finalmente el documento verá la luz, dado que, argumentan, familiares y supervivientes del accidente están "desesperados por conocer la verdad" de un siniestro que provocó la muerte de 80 personas y más de un centenar de heridos hace casi tres años, en julio de 2013.
El mismo lunes el director ejecutivo de la agencia ferroviaria respondió al representante del colectivo de víctimas que el organismo que dirige tiene la obligación de ser "neutral". Tras mostrar su comprensión con las víctimas, añadió que debe resolver las peticiones de las partes con la diligencia que corresponde. "Como usted, nosotros confiamos en que el proceso será objetivo y transparente y que las víctimas y sus familiares conocerán finalmente la verdad", concluye el intercambio de mensajes.
La Unión Europea ya había alegado, ante la presión de las víctimas por que se hiciese público el informe, que no quería que la publicación del consejo técnico "influyese" o "distorsionase" la investigación judicial sobre el siniestro. Los perjudicados, no obstante, avalados por casi 278.000 firmantes a través de una petición en Change.org, insistieron en su difusión.
La semana pasada, la Comisión Europea informó de que aplazaba hasta después de las elecciones generales, con la fecha límite del 7 de julio, la decisión de si hace público el informe técnico
En un escrito firmado por el responsable de Transparencia del área de Políticas Institucionales y Administrativas, Martin Kröger, se explica que la Comisión Europea no está en disposición de dar un respuesta en el plazo fijado para el 16 de junio como límite, por lo que se amplía el periodo 15 días laborales hasta el 7 de julio.
La Comisión Europea ha incidido que tanto el procedimiento de infracción abierto a España como el informe técnico encargado a la Agencia Ferroviaria Europa son anteriores al accidente del tren Alvia en Angrois.
Sin embargo, a mediados del pasado mes de abril, en una comunicación con la plataforma de víctimas, la Agencia Ferroviaria trasladó que había analizado no solo la organización de la CIAF, sino, en concreto, el informe que en su día elaboró este ente "sobre el accidente de Santiago de Compostela". Dicho informe culpaba del siniestro únicamente al maquinista por el exceso de velocidad con que tomó la curva de A Grandeira, aunque recomendaba adoptar numerosas medidas para incrementar la seguridad en el tren y en la vía.
