Un Jaguar XF Luxury, un Porche Cayenne y un camión Volvo son los tres primeros bienes intervenidos en operaciones de narcotráfico que acaba de poner en subasta el recién creado Servicio de Gestión de Bienes Intervenidos al Narcotráfico, una iniciativa pionera en España con la que se pretende agilizar y mejorar el sistema para que dichos bienes acaben revirtiendo en beneficio para la sociedad y que gestiona la Fundación Galega Contra o Narcotráfico en colaboración con el Colegio de Procuradores de A Coruña.
Estos tres vehículos ya pueden verse hasta el mínimo detalle (especificaciones técnicas y fotografías) en la web de subastas de los procuradores que empezó a funcionar hace un mes. Los tres pertenecen a incautaciones efectuadas muy recientemente en operaciones antidroga en Galicia. Sobre el Porche Cayenne (automático, cuero color crema, con matrícula alemana, 323.684 kilómetros y valorado en 23.500 euros) se especifica en la web que tiene unas "rayaduras" en las aletas. El pasado abril la Policía se incautó en Tui (Pontevedra) de más de 56 kilos de heroína, el mayor alijo de esta droga en Europa en lo que va de año (valorado en unos dos millones de euros) y que estaba oculta en compartimentos del Porche Cayenne, donde se habían practicado unas caletas.
"El Servicio de Gestión de Bienes Intervenidos al Narcotráfico se presentó el año pasado y aún estamos en la fase de darlo a conocer a jueces, secretarios judiciales, fiscales y cuerpos y fuerzas de seguridad. Estamos poniendo en marcha la maquinaria aún pero ya hemos gestionado una docena de bienes incautados, unos se han cedido para el uso de las propias fuerzas de seguridad y estos son los primeros que salen a subasta mediante este nuevo servicio de gestión que es muy ágil, hace seis o siete días se nos encomendó la gestión de uno de estos vehículos y ya lo tenemos subido al portal de subastas", explicaba ayer el gerente de la Fundación Contra el Narcotráfico, Fernando Alonso.
Estos tres vehículos están almacenados en una nave-depósito del Colegio de Procuradores situada en la comarca coruñesa junto a otros bienes. Entre ellos, más de setenta cuadros incautados en 2007 al narco afincado en Vigo Juan Carlos González Martín, Culebras. "Son cuadros de pintores gallegos como Laxeiro valorados en más de un millón de euros. Están almacenados desde 2007 por lo que tuvimos que acometer importantes obras de conservación, costosas. Ya le pedí a la Audiencia que se subastasen cuanto antes, pero hasta que salga la sentencia del Supremo... Con el producto de la venta, una parte es para reintegrarnos a nosotros el coste de la conservación", explicó ayer el decano del Colegio de Procuradores coruñés, Javier Sánchez. El colegio de procuradores es una entidad habilitada para gestionar estos bienes, al margen de la subasta judicial.
El problema de cómo gestionar los efectos decomisados a los narcos y evitar que el paso del tiempo esperando sentencia los deteriore hasta que se quedan sin valor, fue objeto ayer de una jornada en la Academia Galega de Seguridade Pública en A Estrada en la que intervinieron mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, además de un magistrado, un fiscal antidroga y un secretario judicial.
Todos los presentes reconocieron el gran problema que ha tenido la lucha contra el narcotráfico al fallar esta 'pata': los chalés, cochazos o barcos decomisados a los narcos tienen que ser vendidos (o cedidos para el uso policial) y el dinero recaudado, invertido luego en lucha contra la droga, campañas de concienciación, compra de material para equipar a las fuerzas y cuerpos de seguridad... Pero solo se podían vender una vez que hubiese condena firme, así que podía pasar una década y después estaba tan deteriorado que podía perder todo valor.
El procedimiento que ha empezado a utilizarse y que implica una gran mejora es el de la enajenación anticipada, antes de que haya condena, lo que evita el deterioro del bien. El dinero en efectivo se ingresa en la caja del juzgado hasta que haya sentencia. Si es condenatoria, el dinero es para al Estado. Si es absolutoria, habría que dárselo al procesado absuelto.
