Ya en 2009, la Fiscalía gallega y la Delegación del Gobierno firmaron un acuerdo para reforzar la vigilancia sobre los incendiarios reincidentes. La comunidad gallega se convirtió entonces en pionera en este tipo de seguimiento. Este acuerdo responde a la casuística de la comunidad, tanto por número de delitos, como por el entorno rural en el que se producen y el perfil de los incendiarios. Casi el 80% de los detenidos no tienen antecedentes policiales por ningún delito, y casi un 85% tampoco por fuegos anteriores.