La Dirección General del Catastro ha tenido que ampliar el plan de regularización extraordinaria en 20 ayuntamientos gallegos debido a la complejidad de los trabajos y a la dispersión geográfica. Con este programa, el Gobierno central pretende descubrir bienes inmuebles que estaban sin declarar para incorporarlos a su base de datos y, en última instancia, obligar a sus propietarios a pagar el IBI correcto y así incrementar la recudación municipal.

Dado que en algunos ayuntamientos el plazo estaba a punto de expirar -el 30 de julio- sin que terminara el proceso de revisión, el Catastro se ha visto obligado a ampliar el plan de inspección para comprobar que la "realidad inmobiliaria" concuerda con la "descripción catastral de bienes inmuebles".

En el Concello ourensano de Riós, el plazo se extiende hasta el 30 de noviembre, mientras que en los otros 19 ayuntamientos gallegos, la fecha de vencimiento es ahora el 30 de abril de 2017. Cinco de ellos pertenecen a la provincia de A Coruña: Betanzos, Cerceda, Cerdido, Noia y Oroso; cuatro a la de Pontevedra: Moaña, Redondela, Vilaboa y Vilanova de Arousa; dos a la de Lugo: Monterroso y Paradela, y ocho a de la Ourense: A Peroxa, Celanova, Maceda, O Carballiño, Oimbra, Pontedeva, Quintela de Leirado y San Cristovo de Cea.

Este plan extraordinario de rastreo de bienes ocultos se inició a mediados del año 2013 y ya alcanza a 237 ayuntamientos gallegos. A 31 de diciembre del pasado año, la revisión había concluido en 90 concellos de la comunidad con el balance de haber descubierto 105.913 inmuebles y otras construcciones que hasta ahora no estaban declaradas y que, por tanto, tampoco sus dueños pagaban el IBI.

La detección de estos casi 106.000 bienes aportarán a las haciendas locales 45,4 millones de euros, de los que 32 corresponden a un recargo puntual por los tres años anteriores que los propietarios no abonaron el IBI -y que no tendrá continuidad en el futuro- y más de 13 millones, que sí se mantendrán, por las nuevas incorporaciones al Catastro con sus respectivos valores.

Los inspectores comprobaron, recurriendo a fotografías áreas y recorridos con plano en mano por todas las calles, casi 750.000 bienes inmuebles en estos 90 concellos donde ya se ejecutó el programa y descubrieron irregularidades en el 14,2% de las construcciones revisadas. En cuatro de cada diez casos la regularización afectó a construcciones de nueva planta, como un garaje, un galpón o un cenador cubierto en una finca. Otro 38% se corresponde con ampliaciones y rehabilitaciones, mientras que en un 18% de los casos, el inmueble fue sometido a una reforma o un cambio de uso que aumentó su valor. Y el 3% restante de los bienes regularizados fueron piscinas que no estaban dadas de altas en el Catastro.