La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, aseguró ayer que las obras que se encuentran en ejecución en la Autopista del Atlántico (AP-9) están "garantizadas" aunque se produzca un cambio de propiedad de la autopistapropiedad autopista. No obstante, exigió que si finalmente la vía pasase a tener nuevos dueños, "esté en manos solventes que garanticen tanto el mantenimiento como la calidad de los servicios". Así se refirió ayer a la oferta que Globalvía, compañía de concesiones de infraestructuras controlada por tres fondos internacionales, presentó a Sacyr, Abanca y Liberbank para comprar la participación del 45,1% que suman en la concesionaria de autopistas Itínere, que gestiona seis concesiones de autopistas del norte de España, entre ellas la AP-9Globalvíatres fondos internacionalesSacyrAbanca Liberbank ItínereautopistasAP-9.

La Administración autonómica, explicó Vázquez, "desde luego estará atenta a esas operaciones" sobre la AP-9, que considera "la columna vertebral del litoral gallego, donde reside el 60% de la población". En esa línea recalcó que la Xunta seguirá "velando y vigilando la calidad del servicio y solicitando la transferencia de la titularidad". "Creemos que si pasa a ser de la Xunta podemos velar de forma más directa por el servicio, que es lo que reclaman los ciudadanos, aparte del peaje", alegó la conselleira, según recoge Europa Press.

Precisamente el candidato del PSdeG a presidir el Gobierno gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclamó ayer la transferencia de la AP-9 a la Xunta para "reducir los peajes", ya que opina que las razones del Ministerio de Fomento al respecto "no son convincentes". "Creemos que en este momento lo que se impone es cumplir un mandato unánime del Parlamento de Galicia, que es transferir la AP-9 a la comunidad autónoma", señaló Fernández Leiceaga, para quien las razones de Fomento "no son convincentes" dado que considera que "se puede transferir sin ninguna dificultad".

Leiceaga aseguró que "el problema es el Ministerio de Fomento" desde la etapa en que era ministro Francisco Álvarez Cascos, presidía el Gobierno José María Aznar y la Xunta la gestionaba Manuel Fraga.

Entonces se hizo "una prórroga de la concesión por 48 años", aunque Leiceaga sostiene que "se puede transferir sin ninguna dificultad" porque tanto la vía como sus conexiones "discurren íntegramente por la comunidad".

Su objetivo es "la reducción sustancial" de los costes para los usuarios "en este eje central de comunicaciones", para lo que plantea "diseñar políticas" que bajen el precio del peaje y mejorar así las inversiones en Galicia.