El concejal de Juventud y Voluntariado en el Concello de Cangas, Andrés García Bastón, fue detenidos ayer junto a otros dos jóvenes acusado de incitar al odio y a la violencia a través de las redes sociales. Los tres arrestados quedaron en libertad horas más tarde con la obligación de comparecer en el Juzgado de Instrucción 3 de Cangas cuando sean requeridos.
Agentes de la Guardia Civil constataron que los detenidos habían difundido a través de las redes sociales publicaciones de contenido violento en las que se incitaba "de forma clara y directa", según fuentes del Instituto Armado, al odio y a la violencia contra varias personas. García Bastón, que no tiene dedicación exclusiva en el Concello, fue detenido en su domicilio en Vilariño, donde reside y regenta un bar.
Entre los destinatarios de sus mensajes figuran Miguel Ángel Blanco, víctima mortal de ETA; José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda terrorista; Esperanza Aguirre e Isabel Carrasco, expresidenta Diputación de León asesinada a tiros; así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También figuran una imagen de la presidenta de Galicia Bilingüe Gloria Lago, rodeada de una diana y un "consejo" para quienes colocaron un artefacto explosivo en Beade (Vigo).
La gravedad de los contenidos vertidos en Facebook y Twitter dio lugar a que la Guardia Civil iniciase esta investigación que concluyó con la plena identificación y posterior detención de sus usuarios, el edil de Juventud, de 23 años, y dos varones de 26 años. La investigación fue coordinada por el fiscal delegado para delitos de odio en Pontevedra y por el grupo de información de la Comandancia de Pontevedra, con el apoyo técnico del servicio de información central de la Guardia Civil en Madrid.
El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, del mismo partido que el concejal detenido, Alternativa Canguesa de Esquerdas, señaló a Efe que el gobierno local aguardará a conocer más detalles de los mensajes que se le imputan para, si se demuestra que hubo "una acción punible", "depurar responsabilidades políticas". Pazos afirmó que, al no disponer de toda la información, no puede "poner la mano en el fuego" por su compañero de corporación.
Apeló a la presunción de inocencia y manifestó sus dudas sobre la aplicación de la llamada "ley mordaza". "En el peor de los casos, hablamos de niñerías, que tienen sus responsabilidades", apuntó.
