El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reveló ayer que la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, le comunicó que el Gobierno central no puede solicitar una nueva investigación técnica sobre el accidente del Alvia en Angrois, dado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que sería la encargada de realizar los informes, es un órgano independiente y que por tanto no sigue las instrucciones del Ejecutivo central.

La conversación, telefónica, se produjo a raíz de una iniciativa del PP en el Parlamento gallego para intentar sacar adelante esta semana una declaración institucional en la que se pedía ampliar y completar la investigación sobre el accidente una vez que la Comisión Europea cuestionó la independencia de la CIAF en el análisis que hizo tras el descarrilamiento el 24 de julio de 2013 en Angrois, en el que murieron 80 personas y un centenar largo resultaron heridas.

Según Feijóo, Ana Pastor le llamó para conocer cuál era la posición del PP y de la Xunta y fue entonces cuando le trasladó que había una serie de "dificultades legales" que impedían al Gobierno dirigirse a la CIAF para solicitar una nueva investigación más amplia, derivada del carácter independiente de su funcionamiento.

En todo caso, el presidente de la Xunta destacó que el Ejecutivo autonómico no ha cambiado de criterio, que es el de investigar "todo" al margen del fallo humano "incuestionable" y "sin ocultar nada".

Pese a que la declaración institucional nos prosperó -dado que para ello es necesario que haya consenso y salvo el PSOE, los demás grupos de la oposición querían además una investigación en sede parlamentaria-, Feijóo indicó que la propuesta sigue siendo la del PP de Galicia. "Hemos dejado por escrito que pedimos una nueva investigación porque si hay dudas de la que realizó la CIAF, lo mejor es solucionarlas y llegar a una información técnica incuestionable", destacó Feijóo tras el Consello.

Minutos antes, el BNG había anunciado que presentará una denuncia la próxima semana en la Secretaría General de la Comisión Europea en Bruselas contra el Estado español por "incumplimiento" del derecho comunitario en lo relativo a la directiva de la UE de seguridad ferroviaria de 2004. Ante ello, Feijóo declaró que cada uno es responsable de sus actos, "pero lo que no admito es que no vimos, ni sentimos ni estuvimos; estuvimos allí, vimos, recordamos y no olvidaremos lo que pasó", comentó.

Por otra parte, el presidente de la Xunta calificó como "un error" que el Gobierno no materialice la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia y aseguró que, mientras él continúe al frente del Ejecutivo autonómico, la seguirá solicitando. "Es un error que el Gobierno de España no atienda a una propuesta razonada y razonable de Galicia", sentenció, tras lo cual celebró que haya "consenso" entre los grupos políticos gallegos en relación a esta reivindicación.

Esta petición ha vuelto a colocarse sobre la mesa tras la oferta lanzada por el grupo Globalvia para adquirir el 45% de Itínere, la empresa concesionaria de la AP-9.

Entre los acuerdos del Consello de la Xunta, se aprobaron líneas de ayudas por un total de 42 millones. Una partida 15 millones se destinará a impulsar y reforzar cuatro programas con los que aspiran a que unos 3.700 gallegos en situación de desempleo puedan tener "una oportunidad" de incorporarse al mercado laboral mediante la formación. Otra es la ampliación, mediante una segunda convocatoria, de los préstamos Jeremie con 12 millones más, destinados a financiar inversiones en pequeñas y medianas empresas. Ya la tercera partida son 15 millones dedicados a costear determinadas investigaciones realizadas tanto en las universidades como en otros centros autonómicos.