-En diciembre entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ante la prórroga en masa de asuntos en la última semana de plazo, auguraba una avalancha de recursos. Revisadas esas causas, ¿habrá multitud de interpelaciones en los juzgados?

-Fue una barbaridad legislativa. Se presentaron ya muchos recursos ante esa prórroga en masa. Ha sido una mala regulación de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La clasificación de causas debía de haber sido para asuntos posteriores a la entrada en vigor de la ley. Lo que no se puede decir es que hay que declarar las complejidades de los cientos de miles de asuntos anteriores. Por eso hubo complejidades en masa, sin mirar se hizo un corta y pega solicitando la complejidad. No va a funcionar nunca el proceso penal en España. Será un fracaso, por miles de reformas que se hagan, mientras no se promulgue una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por cierto, una promesa hecha por todos los ministros de Justicia desde el año 78.

-Al menos esta reforma permite que los asuntos sin autor conocido, un 30% de los que llegaban a los juzgados gallegos, no sean trasladados a los órganos judiciales.

-Eso es lo de menos. Lo que no puede es haber tres procedimientos diferentes: abreviado, sumario y tribunal de jurado. Son totalmente diferentes en cuanto a las instrucciones. Esta reforma no aliviará la carga de los juzgados, se colapsarán todavía más. Se han reformado todas las leyes desde la Constitución no se hizo una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué? Únicamente por una cuestión política: no querer entrar sobre quién instruye, el fiscal o el juez. Yo soy contrario a la instrucción por parte de los fiscales, porque eso supondría politizar más, si cabe, la Justicia.

-¿Cuánto tiene que esperar un ciudadano para que se resuelva un asunto judicial en Galicia.

-Voy a poner un ejemplo en Santiago, que es lo más sangrante de Galicia. Un ciudadano que vaya mañana a un juzgado de lo social a reclamar una prestación a la Seguridad Social por una incapacidad, no tendrá el juicio hasta dentro de tres años. Es el paradigma del retraso de los juzgados. Hay ciudades con juzgados de instrucción colapsados, en A Coruña, por ejemplo, hay alguno de lo Civil. Por norma general, la Justicia es lenta.

-Casi tanta lista de espera en la Justicia como en el Sergas...

-Hay más lentitud en la Justicia que en Sergas. Tú entras con un problema de salud grave en el Sergas y en 20 días te operan. Pero reclamas que alguien te debe 20.000 o 300.000 euros y ese dinero resulta fundamental para ti y tu familia, y te puedes tirar un año esperando.

-La crisis sigue pasando factura a los ciudadanos. Desde 2009 las demandas al turno de oficio se han disparado un 40%.

-El año pasado se cerró con casi el mismo número de solicitudes que en 2014, lo que quiere que decir que la crisis se nota porque la gente acude a la justicia gratuita al no tener medios en lugar de a abogados privados. La crisis agudizó las solicitudes, sin duda. Hoy vas a un colegio de abogados y hay cola todos los días para el turno de oficio. Hay que desterrar el mito de que los abogados de oficio no están preparados. Eso pudo ocurrir hace más de 20 años, pero en la actualidad para apuntarse en el turno de oficio se necesita pasar por cursos muy especializados en violencia de género, extranjería, menores?

-En el caso de la asistencia jurídica gratuita, las solicitudes de víctimas de violencia de género crecieron el año pasado más de un 9%. ¿Es habitual que recurran al turno de oficio al presentar la denuncia?

-Estamos en un boom de casos de violencia de género. Las víctimas tienen que saber que cuando van a presentar la denuncia, antes de redactarla, tienen derecho a llamar a un abogado de oficio. Es fundamental su presencia, porque en un estado de tensión tal por parte de la víctima, no es igual que redacte ella la denuncia que lo haga un letrado. Muchas veces cuando la redacta la víctima por sí sola puede producirse una absolución por formalizar mal la denuncia. Deben saber que el éxito de esa denuncia puede cambiar con la presencia del letrado.

-Los letrados del turno de oficio se quejan de que sus honorarios están congelados desde 2009. Desde el Colegio de Abogados de Pontevedra advertían esta semana de que cobraban dos euros la hora de trabajo.

-Los honorarios son muy bajos. Toca sentarse a hablar para hacer una revisión. En las grandes ciudades, un abogado de oficio no saca más de 2.000 o 3000 euros al año. Deben actualizarse los emolumentos y también incorporar figuras jurídicas que no están en el baremo porque se introdujeron con sucesivos cambios legislativos. Además nos enfrentamos a un problema cuando una vez resuelto el caso viene denegada la solicitud de asistencia jurídica gratuita. ¿Consecuencia? La Xunta no paga al abogado. Hay en torno a un 10% de peticiones rechazadas. Entonces el abogado queda sin cobrar, ya que lo reclama al cliente y en el 95% de los casos no consigue que se lo abone. Lo que exigimos es que la Xunta nos lo abone a los abogados directamente y después que lo reclame al administrado porque Facenda puede ordenar el embargo de la cantidad que costó el proceso.

-En la actualidad, ¿tiene la Xunta pagos pendientes con los colegios de abogados en justicia gratuita?

-Es la comunidad que más rápido pago. En 20 días, desde que certificamos, ya cobramos. Como mucho, un mes. Madrid arrastra dos años de retraso y debe más de 60 millones de euros. Somos unos privilegiados, porque como mucho en un mes cobramos. Donde vamos con algo de retraso es en pagos de infraestructuras, del total facturado la Xunta repercute un 8%a los colegios para su mantenimiento. Y esa aportación, aunque es secundario, nos llega con un año de retraso. Ahora bien, lo principal es que los abogados vayan cobrando.