El refuerzo de las inspecciones aflora 160 empleos sumergidos al mes en la hostelería

La bolsa de fraude en el sector superó las 2.300 infracciones el año pasado, un 16% más que en 2014 - Los contratos fraudulentos se disparan casi un 60%

18.07.2016 | 01:47
Mesa montada en un restaurante en A Coruña.

Los establecimientos de hostelería y en particular en los especializados en bodas, comuniones y bautizos y en los puestos instalados en las ferias son algunos de los negocios sobre los que el Ministerio de Empleo ha estrechado el cerco y ha reforzado la vigilancia desde el inicio de la crisis para perseguir la economía sumergida y comprobar que las personas que trabajan ahí están contratadas de forma legal. Este incremento de la vigilancia ha llevado a los inspectores a detectar en 2015 en la comunidad gallega un total de 2.325 infracciones en hoteles, restaurantes y bares con trabajadores que no tenían su situación regularizada, lo que supone una media de 160 casos al mes, según los datos de la delegación de Trabajo en Galicia. Esta bolsa de fraude destapado representa un 16% más que el descubierto en 2014. En gran parte, por la mayor presión inspectora de los técnicos de Trabajo.

De cara al verano los controles en estos ámbitos se intensifican todavía más con campañas específicas. La contratación de los conocidos como camareros extras, que trabajan durante unas horas en el establecimiento para reforzar las plantillas en eventos puntuales, ha sido considerada desde siempre una bolsa potencial de fraude a la Seguridad Social. Durante la época estival, cuando coinciden muchas celebraciones, los inspectores realizan controles extraordinarios.

De las más de 2.300 irregularidades detectadas, la mayoría son por altas inducidas en la Seguridad Social después de que los inspectores constatasen que en la empresa investigada uno o varios trabajadores no cotizaban. La suma de las infracciones por no tener a los trabajadores inscritos en la Seguridad Social y las altas de oficio sumaron más de 1.900 casos de empleo sumergido a lo largo de 2015, que representan un 10% más respecto a los descubiertos en el ejercicio anterior. Se trata además del 82% del total de las infracciones detectadas por los inspectores en las actuaciones realizadas el año pasado para perseguir el fraude laboral en negocios de hostelería de la comunidad.

Los empresarios que tengan en su plantilla personal sin contrato se enfrentan a una multa de 3.126 euros por trabajador y recargos del 20% que puede incrementarse en función del número de empleados que no están dados de alta en la Seguridad Social y del tiempo que los afectados llevan sin cotizar.

Multas y recaudación

La tarea de los inspectores de Trabajo en la mayoría de los casos finaliza en la primera fase de apertura del expediente y es la Tesorería de la Seguridad Social la que se encarga de las multas y de la recaudación. Ahora bien, ambos departamentos comparten datos para que esta persecución al empleo negro sea efectiva.

Los inspectores de Trabajo no solo acuden a los establecimientos de hostelería para comprobar que no haya nadie sin contrato, sino también para corroborar que se cumplen los horarios.

Eso explica que además de las 1.909 infracciones registradas el año pasado por faltas de afiliación existan otras 416 relacionadas con contratos transformados en los que se obliga al propietario a contratar a jornada completa a personas que estaban a media jornada, a pesar de que estaban en su puesto un 50% más de las horas que le corresponderían. Y también a hacer indefinidos a trabajadores que encadenaron más contratos temporales que los que permite la ley. Pese a que este tipo de infracciones suponen solo el 18% del total, en el último año se incrementaron casi un 60%, al pasar de los 264 casos descubiertos en 2014 a los 416 contabilizados el año pasado.

En estos supuestos, el infractor está obligado a modificar al trabajador el contrato a jornada completa o de temporal a indefinido y además deberá abonar una penalización de 626 euros por este fraude.

Desde la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Galicia destacan que el 70% de la actividad del departamento estatal se destina a perseguir la economía sumergida, ya sea para investigar denuncias y comunicaciones de organismos o bien en actuaciones de oficio de los inspectores.

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