En casa. Es ahí donde están los 40 incendiarios arrestados en Galicia en lo que va de año por la Policía Autonómica. Ninguno fue condenado a prisión. La práctica totalidad eluden el ingreso en prisión, una pena que se aplica a contados casos, ya que carecen de antecedentes delictivos o la pena impuesta no supera los dos años. Con el pago de una simple multa y en casos excepcionales con el ingreso en un psiquiátrico de los incendiarios con algún trastorno mental, comportamiento antisocial o dependencia de las drogas o el alcohol, se da carpetazo al asunto judicializado.

Pero son muy pocos los expedientes abiertos por un incendio que llegan a juicio. Y es que la falta de pruebas y de testigos impide llevar a juicio al 95% de los incendiarios detenidos en Galicia. Los datos de la memoria de la Fiscalía gallega de 2015 hablan por sí solos y son un reflejo de lo que ocurre año tras año en la comunidad. Hasta un total de 451 procesos penales se abrieron el año pasado por alguno de los incendios que arrasaron casi 12.000 hectáreas. Sin embargo, fueron muy pocos los detenidos llevados a juicio: apenas se dictaron una veintena de sentencias por prender fuego al monte. Y es que el arma del delito es una prueba fundamental para esclarecer lo ocurrido y dar con el autor. En un crimen o un robo, un cuchillo o una pistola son claves para resolver el caso. Pero en el monte, la cerilla no deja rastro. En los incendios, las llamas hacen desaparecer cualquier indicio que pueda probar la implicación de un sospechoso. El hecho de que la investigación en este tipo de delitos no aporte pruebas concluyentes y la falta de testigos impiden llevar a juicio a casi el 95% de los incendiarios arrestados.

Además de la falta de pruebas determinantes, las dudas e incluso el olvido que provoca el paso del tiempo en los testigos da al traste de cientos de investigaciones en materia de incendios. Y es que salvo los incendios por imprudencia -por quema de rastrojos- que resultan sencillos ya que se resuelven con un juicio rápido; en los asuntos complejos donde hay que ofrecer acciones a los perjudicados, las resoluciones del caso se demoran de dos a cuatro años.

Para evitar la absolución por el transcurso del tiempo y la degradación de pruebas, la Fiscalía de Medio Ambiente en Galicia urge desde hace años más medios para obtener datos más objetivos. Entre esos medios, están las imágenes que pueden captarse a través de la cámaras de autopistas o de las llamadas cámaras de trampeo, utilizadas por los cuerpos policiales en determinadas investigaciones.

En lo que va de año, la Policía Autonómica arrestó a un total de 40 incendiarios en Galicia -22 en la provincia de Pontevedra, 12 en A Coruña y seis en Ourense-, según datos de la Consellería de Presidencia. El balance es prácticamente el mismo que el de 2015, ya que durante el mismo periodo la cifra de detenidos era de 44 -entonces 22 de la provincia de A Coruña, seis de Lugo, 8 de Ourense y los 8 restantes de Pontevedra-.