Una decena de policías, guardias civiles y militares gallegos se sumaron a un recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, por supuesta "discriminación" en sus pensiones. El bufete del abogado Fernando Osuna que lleva la causa señala que son "más de 300" los agentes y militares que aseguran sentirse "discriminados" en relación a los pensionistas de actos terroristas por las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación que les concedieron debido a una incapacitación tras ser heridos en acto de servicio.

Los demandantes, según precisa el despacho de abogados, residen en A Coruña, Alicante, Murcia, Asturias, Valencia, Badajoz, Huesca, Cádiz, Valladolid, Cantabria, Tenerife, Granada, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba y Zaragoza.

El colectivo, que reclama cobrar sus pensiones "íntegras, sin que haya limitaciones", acude a Estrasburgo tras varios años en los órganos judiciales españoles "con respuesta negativa" a sus demandas. El bufete precisa que acaban de terminar la vía de los tribunales de Justicia, donde presentaron una demanda colectiva. Entre otros argumentos, alegan que "son servidores del Estado que padecen una incapacitación acaecida en acto de servicio o como consecuencia del mismo" y que "por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas". También sostienen que "no es justo que sus derechos estén siendo restringidos por los poderes públicos, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares".

"Con la única salvedad de que éstos fueron víctimas de atentados terroristas, existiendo entre sus agraviados, muchas otras víctimas, que sin ser tras atentado terrorista, presentan iguales o mayores daños o secuelas", concluyen.