El sector de la judicatura en Galicia está molesto con los reproches del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a su gestión en los casos de delitos de incendios forestales. Son "sensibles" y están "comprometidos" con" la persecución de los incendiarios en la comunidad, aplican "con rigor" la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo hacen en base a las pruebas que les aportan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son las que resultan "clave" para determinar la autoría de un sospechoso o, por el contrario, dejarlo en libertad. Así se manifestaron ayer jueces y fiscales gallegos después de que Feijóo cuestionase que tan solo uno de los 42 incendiarios arrestados este año por la Policía Autonómica estuviera preso. Para los colectivos de jueces y fiscales en la comunidad, los incendios no se combates solo con penas de cárcel, sino también con políticas de prevención.
"Es fundamental que no haya persona libres, simplemente con la obligación de comparecer de vez en cuando en el juzgado, cuando tenemos dudas certeras de su conducta incendiaria", proclamó Feijóo tras el Consello de la Xunta del jueves, al tiempo que demandaba a jueces y fiscales "más compromiso" y "sensibilidad" en materia de incendios. Las palabras de Feijóo resultaron incendiarias para el sector en la comunidad, que quiso recordar al jefe del Ejecutivo autonómico lo complejo que resulta demostrar la autoría en un caso de incendio forestal ya que faltan pruebas y testigos que permitan demostrar la implicación del detenido en el caso investigado. Y, en todo caso, advierte desde la Asociación Profesional de Magistratura (APM) Teresa Cortizas, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la investigación los que deben presentar "pruebas e indicios relevantes" para que los jueces acaben dictando una sentencia condenatoria.
Entre los factores a tener en cuenta a la hora de decretar prisión provisional para un incendiario, según detallan los jueces y fiscales consultados, están la pena impuesta (superior a dos años), la reiteración del delito, el riesgo de fuga o la ocultación de pruebas.
"Represión aleatoria"
"El problema de los incendios no se soluciona con ingresos en prisión, sino con buenas políticas forestales y planes de prevención", sentencia Xermán Varela, coordinador de Jueces para la Democracia. El magistrado replicó con dureza a los reproches de Feijóo: "Esas dudas certeras [ de la conducta incendiaria] de las que habla nos aproxima a Estados fascistas donde la incapacidad de gestión política nos lleva a una represión aleatoria". Para Varela, es "una falta de responsabilidad atacar la labor de jueces y fiscales con el único objetivo de buscar réditos electorales, escondiendo su relación con el problema de los incendios".
Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su vicepresidente, Diego Villafañe, pone como ejemplo de "sensibilidad y compromiso" del Ministerio Fiscal en materia de incendios la creación de secciones especiales para este tipo de delitos, como es el caso en Galicia, que dispone de una Fiscalía de Medio Ambiente. "Lo que hace falta es una política de prevención", coincide Villafañe.
Emilio Frías, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), reconoce que siempre se puede hacer más, pero quiere dejar claro el "compromiso" del sector a la hora de perseguir cualquier conducta que suponga un quebranto de la ley. "Ahora bien, si no hay pruebas suficientes, las leyes procesales son muy claras. Al final, impera la presunción de inocencia", concluye Frías, quien insiste en la dificultad de demostrar la autoría en este tipo de delitos medioambientales por la falta de pruebas y de testigos.
Estas dificultades son las que impiden llevar a juicio al 95% de los incendiarios detenidos en Galicia. Los datos de la memoria de la Fiscalía gallega de 2015 hablan por sí solos y son un reflejo de lo que ocurre año tras año en la comunidad. Hasta un total de 451 procesos penales se abrieron el año pasado por alguno de los incendios que arrasaron casi 12.000 hectáreas. Sin embargo, fueron muy pocos los detenidos llevados a juicio: apenas se dictaron una veintena de sentencias por prender fuego al monte.
Y es que el arma del delito es una prueba fundamental para esclarecer lo ocurrido y dar con el autor. En un crimen o un robo, un cuchillo o una pistola son claves para resolver el caso. Pero en el monte, la cerilla no deja rastro. En los incendios, las llamas hacen desaparecer cualquier indicio que pueda probar la implicación de un sospechoso. El hecho de que la investigación en este tipo de delitos no aporte pruebas concluyentes y la falta de testigos impiden llevar a juicio a casi el 95% de los incendiarios arrestados.
Además de la falta de pruebas relevantes, las dudas e incluso el olvido que provoca el paso del tiempo en los testigos da al traste de cientos de investigaciones en materia de incendios. Y es que salvo los incendios por imprudencia -por quema de rastrojos- que resultan sencillos ya que se resuelven con un juicio rápido; en los asuntos complejos donde hay que ofrecer acciones a los perjudicados, las resoluciones del caso se demoran de dos a cuatro años.
Para evitar la absolución por el transcurso del tiempo y la degradación de pruebas, la Fiscalía de Medio Ambiente en Galicia urge desde hace años más medios para obtener datos más objetivos. Entre esos medios, están las imágenes que pueden captarse a través de la cámaras de autopistas o de las llamadas cámaras de trampeo, utilizadas por los cuerpos policiales en determinadas investigaciones.
