No hubo comparecencia de peritos ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, que instruye el siniestro del Alvia en el que fallecieron 80 personas. La nueva documentación que Adif envió el lunes obligó a aplazar la declaración. No obstante, quienes sí acudieron a los juzgados fueron víctimas del accidente de Angrois, que acusaron a la justicia, tanto al magistrado instructor de la causa como al fiscal, de estar actuando "como abogados defensores de Adif y Renfe" por retrasar las citaciones.

En una comparecencia ante los periodistas a las puertas de los juzgados, Teresa Gómez-Limón, integrante de la plataforma de afectados, ejerció de portavoz para expresar su malestar con el proceder de las entidades públicas empresariales que dependen de Fomento, pero también con el juez Andrés Lago y el representante del Ministerio Público, Antonio Roma. "Adif y Renfe sé quiénes son, lo que me duele es que la justicia esté actuando como está actuando, con 80 muertos, y que esté actuando como defensora de Adif y Renfe", censuró.

Gómez-Limón consideró una "burla a las víctimas y a la sociedad" que Adif aportase 300 folios el lunes que "se había olvidado" y "lo más grave" es, sostiene, "que el juez lo admita". Además, puso en duda la veracidad de los documentos y opinó que el gestor ferroviario "quiere quitarse el marrón y echárselo a otros", dado que el análisis de riesgos previo que entregó en el juzgado fue realizado por la UTE. La integrante de la plataforma anunció que la intención de las víctimas es reclamar un "calígrafo" que compruebe la documentación y que quienes "firman" algunos de los documentos "vengan a explicarlo" en sede judicial.

Por otra parte, el futuro portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, avanzó ayer que una de las primeras iniciativas que llevarán al Parlamento gallego será la constitución de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois, para hacer frente, dijo, a la "coalición de silencio del PP y PSOE".

Villares incidió en la necesidad de conocer "la verdad", luego de que tres años después del siniestro Adif remitiese al juzgado nueva documentación sobre análisis de riesgos de la línea.

Para el diputado de En Marea, este aspecto es "incomprensible" si no obedece a una "actuación deliberada de mala fe". Por ello demandó que la "justicia tome cartas hasta el final" y que en la Cámara autonómica se pueda investigar "políticamente de quién fue la responsabilidad". En su opinión, "lo único que puede aliviar en este caso es la verdad".

Mientras, la portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, solicitó la comparecencia del ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, para que explique la nueva documentación del caso.

Catalá apuntó ayer, a preguntas de los periodistas, que no hay "ninguna información adicional" en la nueva documentación aportada por Adif al juzgado, ya que su contenido formaba parte del informe que la entidad pública empresarial "presentó desde el primer momento". "No hay información adicional", zanjó.