Aunque pueda parecer que lo suyo con el déficit es sencillo, con el cumplimiento del objetivo que les corresponde ya desde 2012, detrás de la ventaja que los ayuntamientos llevan al resto de administraciones en el ajuste de sus cuentas hay mucha tijera en el gasto y una relevantísima también subida de impuestos. La caja municipal no tiene nada que ver con la etapa de bonanza. Los municipios gallegos llegaron a manejar en 2009 más de 2.700 millones. En 2012, a caballo entre la primera y la segunda recesión, los recursos disponibles cayeron a 2.056 millones. Una cuarta parte de su financiación se esfumó por el impacto de la crisis en los ingresos propios y el recorte de las cuantías que reciben de la Xunta y el Gobierno central. Y el antídoto vino de la recaudación tributaria. De exprimir los gravámenes que tenían y la creación de nuevas tasas. ¿Cuánto supuso eso para los ciudadanos? Los gallegos pagan 86 euros más en impuestos locales que en 2007 y casi 131 euros por encima de 2004.
Los ingresos por impuestos, tasas y precios públicos en los concellos de la comunidad alcanzaron los 1.174,26 millones en 2014, según el informe Haciendas Locales en Cifras, publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. Una cifra inédita. Que ni se rozó en 2009, que es hasta ahora el ejercicio en el que los ayuntamientos movieron más recursos. Entonces los impuestos les aportaron 997,3 millones. La presión fiscal se disparó durante los años del parón económico un 25%, tres veces más que la media nacional (8,8%). Cada residente pasó de desembolsar 341 euros a 427,2. Con respecto a 2004, el alza se sitúa en el 44% -una década atrás los impuestos locales representaban unos 296 euros para cada gallego-, diez puntos por encima de la evolución en el conjunto de los municipios españoles (33,8%).
Aún así, hay mucha diferencia con el resto de comunidades. De hecho, Galicia se mantiene como la última en ingresos fiscales de los municipios por habitante. El total de España llegó en 2014 a los 579,18 euros. Casi un 36% más que el desembolso entre los gallegos. En los puestos altos están Baleares (836,6 euros), Madrid (769), Cataluña (717,7), Cantabria (601,2) y Aragón (586,7). Junto con Galicia, las cantidades menos costosas están en Extremadura (443,4 euros), Asturias (516,6), Castilla y León (524,8) y Castilla-La Mancha (544,4).
La tendencia a subir impuestos, pese a esa clara reticencia en aprovecharlos más a fondo en comparación con otras autonomías, provoca que el peso de los ingresos fiscales en el gasto total de los concellos gallegos suba al 55,3% del total. Es decir, la mayoría de los recursos locales son por los gravámenes que pagan sus residentes. En 2009 suponían el 37%.
Cuatro de cada diez euros que llegan a los municipios por esta vía dependen de IBI, para el que el Ejecutivo central decidió una subida histórica en 2012 a través de la subida de tipos y los catastrazos, todavía en vigor. La "contribución" de bienes urbanos, rústicos y el IBI especial que se repercute en instalaciones de energía, puertos, aeropuertos y carreteras de pago sumó 522,4 millones en 2014 en Galicia. Cerca de 129 millones el impuesto de circulación (11%); 82 millones el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el 7% del total; unos 34 millones más por el incremento de valor en terrenos de naturaleza urbana, más conocido como el gravamen de las plusvalías (2,9%); y 19,5 millones del tributo que pagan las obras de construcción (1,7%). Las tasas contribuyen con más de 387 millones, de los que 203 millones son por la prestación de servicios públicos básicos y otros 66 por la utilización o aprovechamiento especial, que incluye desde las terrazas de bar, a vallas publicitarias, pasando por la ocupación de terrenos para infraestructuras de telefonía o electricidad.
A la subida de los tipos para cada uno de estos impuestos y la aparición de tasas a mayores con esa finalidad de aliviar la asfixia financiera hay que sumar el esfuerzo en los concellos para que nadie se quede sin pagar. Los de Galicia destacan en eficiencia fiscal. En el IBI, por ejemplo, la recaudación supera el 91% de todos los derechos reconocidos netos, frente al 86% de media estatal; casi el 92% en el caso del IAE; el 88,7% en el impuesto de circulación; el 84% en el de las obras; y en 83% en el de las plusvalías de terrenos.
