Casi 3.000 jubilados gallegos retornados de Venezuela llevan diez meses sin cobrar la pensión del Gobierno venezolano. La Valedora do Pobo mostró ayer su preocupación y se ha puesto en contacto con el Defensor del Pueblo para tratar de agilizar las quejas de estas personas y buscarles una solución. Según explica, los atrasos podrían ocasionar graves perjuicios a los afectados que tienen que hacer frente el pago de sus viviendas y costear los recibos. La Federación de Venezolanos de Galicia alerta de que la situación es "dramática" puesto que algunos de los pensionistas están internados en residencias a las que ya adeudan varias mensualidades.

La pensión media que estaban recibiendo estos emigrantes retornados ronda los 1.000 euros y es el único ingreso que perciben, puesto que no tienen derecho a recibir ninguna otra prestación del Gobierno central o de la Xunta.

Estos jubilados suelen cobrar en torno al 20 o 25 de cada mes, pero desde enero no han recibido un euro. La Federación de Venezolanos de Galicia recabó firmas en julio para exigir el pago de las pensiones y además han mantenido reuniones con la Xunta y han enviado escritos a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde la Administración gallega se pusieron en contacto con la Embajada española en Venezuela para que presionara al Gobierno de Maduro y pedirle que agilizara el pago de estas prestaciones. Sin embargo, ninguna de las gestiones realizadas hasta el momento ha dado resultados.

El presidente de la Federación de Venezolanos de Galicia, Manuel Pérez, cifra en 2.930 los afectados por los retrasos.

Los gallegos que trabajaron en Venezuela cotizaron en este país y ahora es el Gobierno venezolano el que debe hacerse cargo de su pensión, en virtud del convenio firmado con España en 1988.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro ha dejado de pagar. "No tiene dólares. Ha acabado con todo el dinero por el mal manejo de los recursos públicos. Desde que falleció Chaves, lo que está haciendo es retrocediendo en mejoras sociales", explica Manuel Pérez.

Según enfatiza, es "una situación dantesca". "Una persona más joven se puede buscar la vida, pero los afectados son personas mayores que no tienen capacidad para desenvolverse, algunos de ellos sufren problemas de movilidad y necesitan cuidados", explica Manuel Pérez.

Además del colectivo de emigrantes retornados, también se están viendo afectados los venezolanos jubilados que se han instalado en Galicia con un permiso de residencia. "Cuando expire esta autorización, para renovarla deberán acreditar que tienen medios de vida y, si no reciben la pensión, no tienen manera de justificarlo y quedarán indocumentados", denuncia el presidente de la Federación de Venezolanos de Galicia.

La Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, envió una carta a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, como respuesta a la demanda de ayuda de los pensionistas gallegos retornados de Venezuela. Así, le solicitó su colaboración para "conocer el curso de las quejas" que recibió y "rogarle que sean tramitadas con la mayor celeridad posible, dado su interés social".

Según explica Milagros Otero, el colectivo afectado no planteó queja formal pero sí le han hecho llegar, sobre todo a través de las redes sociales, "numerosas mensajes en demanda de amparo".

La Valedora do Pobo carece de competencias en este conflicto, pero asegura que estará "muy cerca" del colectivo de ciudadanos gallegos perjudicados y permanecerá "vigilante y en comunicación" permanente con la titular del Defensor del Pueblo.