El esfuerzo del Ministerio de Hacienda por destapar construcciones hasta ahora ocultas por el fisco a través de drones, fotografías aéreas e imágenes por satélite ha permitido legalizar desde 2013 -año en el que se inició el plan de regularización catastral- hasta el pasado julio -último mes del que hay datos- 213.017 inmuebles. El 90% de los contribuyentes afectados han asumido la multa por el plan antifraude del Catastro y han aceptado ponerse al día en los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que han permitido ingresar al Gobierno desde 2013 más de 12,7 millones de euros en la comunidad gallega. Los ayuntamientos también han obtenido por estas regularizaciones 90 millones de euros hasta el momento.
La mitad de los concellos gallegos -171- ya han sido rastreados por los inspectores de Hacienda y del total de vecinos de estos municipios a los que les ha llegado la notificación del ministerio para hacer frente al fraude, solo el 10% han presentado alegaciones a los requerimientos del Catastro. Es decir, las inspecciones realizadas han recibido 21.300 alegaciones, según los datos facilitados por el departamento que dirige el ministro en funciones, Cristóbal Montoro.
El Gobierno cobra a los propietarios una tasa de 60 euros por cada construcción oculta que destapa para autofinaciar así esa legalización, pero además estos verán incrementado su recibo del IBI en unos 115 euros de media respecto a lo que pagaban antes, a los que hay que sumar unos 286 euros por atrasos. Los contribuyentes que se acojan al proceso deberán liquidar el IBI de los últimos cuatro años con el nuevo valor catastral y el recargo por las obras que no tenían declaradas, ya que los ejercicios anteriores quedarían prescritos.
Desde que reciben la notificación de Hacienda, el propietario del bien inmueble afectado por la revisión tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, de no hacerlo, se dará por bueno el dictamen del Catastro. En caso de que la alegación sea desestimada los propietarios aún tienen la posibilidad de volver a reclamar con un recurso de reposición y, en última instancia, con una reclamación económica administrativa.
El Catastro persigue con este plan destapar las construcciones nuevas que están sin declarar además de las ampliaciones, reformas y cambios de uso de las edificaciones que aumentan el valor catastral del inmueble.
Los drones incluso fotografían piscinas que deben ser dadas de altas y por las que también hay que pagar el IBI. Lo mismo ocurre con las instalaciones agrarias, ya que a partir de ahora los gallegos tendrán que pagar la contribución rústica por granjas, establos, naves, galpones o invernaderos que hasta ahora estaban exentos de este impuesto, ya que solo tributaban las fincas.
Las inspecciones realizadas hasta ahora revelan que la mayoría de las irregularidades detectadas son ampliaciones de viviendas, construcciones anexas al edificio principal, cerramientos de terrazas y piscinas sin declarar.
La previsión inicial del Ministerio de Hacienda era completar el plan de regularización extraordinario del Catastro este año pero la complejidad de los trabajos y la dispersión geográfica han obligado a alargar los controles en algunos ayuntamientos al año que viene. Son 19 municipios cuya fecha de vencimiento será finalmente el 30 de abril de 2017. Se trata de Betanzos, Cerceda, Cerdido, Noia y Oroso, en A Coruña; Monterroso y Paradela, en Lugo; A Peroxa, Celanova, O Carballiño, Oímbra, Pontedeva, Quintela de Leirado y San Cristovo de Cea, en Ourense; y Moaña, Redondela, Vilaboa y Vilanova de Arousa, en Pontevedra. De los 314 concellos gallegos 236 se han adherido al programa de búsqueda de bienes no declarados, quedando pendientes ya solo 65 para culminar la revisión.
A nivel nacional, el plan de regularización catastral ha aflorado casi 1,7 millones de inmuebles en 4.340 municipios españoles, lo que ha permitido una recaudación extra a estos consistorios de 1.425 millones de euros. Galicia, con 213.017 bienes ocultos -68.702 en A Coruña, 85.209 en Lugo, 26.674 en Ourense y 32.262 en Pontevedra- es la segunda comunidad con más inmuebles sin declarar legalizados. Solo se sitúa por delante Andalucía con 373.224 construcciones.
