El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades durante los cuatro años del Ejecutivo de Mariano Rajoy se duplicó con respecto a la legislatura anterior, ya que mutuamente se presentaron 213 impugnaciones contra distintas normas o actos frente a las 105 de cuatro años antes, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La cifra aún es mayor, el triple, si se compara con el primer gobierno de Zapatero, cuando se redujo drásticamente la conflictividad entre las dos administraciones. Pero es casi la misma que la del último Ejecutivo de José María Aznar, cuando las impugnaciones fueron 217.
El Estado presentó durante el Gobierno de Rajoy 77 impugnaciones (29 en la legislatura anterior) y las comunidades llegaron a las 136 (frente a 76).
El Ejecutivo popular cargó contra normas y actos de todas las autonomías salvo Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, gobernadas a lo largo de casi todo ese periodo por los populares José Antonio Monago, Juan Vicente Herrera y María Dolores de Cospedal.
Concentró el grueso de las impugnaciones Cataluña, que sumó 23 en una legislatura caracterizada por el impulso soberanista de la Generalitat presidida por Artur Mas.
