El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra acaba de archivar por segunda vez, y ahora de forma definitiva, la investigación abierta en su día por los supuestos enchufes de personal en la empresa Cespa, concesionaria municipal del servicio de limpieza, presuntamente recomendados por miembros del gobierno local, entre ellos el alcalde, Miguel Fernández Lores y el concejal Raimundo González Carballo, y funcionarios del Concello.

El juez sostiene que "no se acredita que Cespa consiguiera su concesión a cambio de contratar a estas 14 personas" y niega que existan indicios de criminalidad.

En todo caso, el auto, dado a conocer ayer por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lanza un duro reproche al sistema de contratación de personal de la empresa. Ve "reprobable que se contrate al personal por parentesco y/o amiguismo" en lugar de acudir al Inem o a las agencias de colocación.

Este asunto era una de las cuatro piezas separadas derivadas de la operación Patos que cayeron en juzgados pontevedreses. Se abrió a raíz de un informe policial que relacionaba a concejales y funcionarios con varios empleados de Cespa, con la sospecha de que habían sido recomendados.