"Galicia no crecerá a costa de los impuestos". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó ayer esta sentencia en la presentación de unas cuentas con las que consolidarán las rebajas fiscales de este año, entre las que destacan las exenciones del impuesto de sucesiones y transmisiones y una reducción en el tramo autonómico del IRPF que ya había prometido en 2009, pero que la crisis, alegó varios ejercicios, le impidió aplicar antes. De hecho, la mejora de la economía gallega permitirá a la Xunta, si se cumple su previsión, ingresar 119,3 millones más, incluso mejorando las ventajas impositivas para algunos colectivos.
La crisis que estalló en 2008 tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers golpeó el talón de Aquiles de la sociedad -el empleo- y de la administración -os ingresos vía impuestos-. Con muchos parados, la hucha de las pensiones se vaciaba -aunque esta semana volvió a situarse en mínimos históricos- y el gasto público necesitaba endeudarse ante una recaudación pírrica.
La Xunta se beneficiará de una previsión económica de un 2,4% de crecimiento, pese a que estima un menor aumento de exportaciones y consumo interno, y mejorará en 42 millones sus impuestos directos, a pesar de la caída del 16,2% en los indirectos. Sumando todas los capítulos, ganará 119,3 millones hasta los 8.740.
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Además, el Ejecutivo utilizará de nuevo la Lei de Acompañamento como vía para incorporar novedades legales, como la creación de la Axencia da Industria Forestal o la de Calidade Alimentaria.
Este año se beneficiaron 68.000 ciudadanos de la rebaja del IRPF y las sucesiones, así como de los "impuestos cero" en el rural, según el balance de la Xunta. Este último aspecto se extenderá al eximir de las cargas fiscales autonómicas -Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados- en la compra de vivienda habitual a menores de 34 años, familias numerosas y personas con discapacidad que se instalen en zonas rurales. La novedad radica en que se suprime la restricción a quien adquiriese ese inmueble en concellos de menos de 20.000 habitantes. Podrán optar a esos descuentos quienes comiencen a residir en parroquias poco pobladas, aunque estas pertenezcan a ayuntamientos urbanos que superen el citado umbral de población.
Por otro lado, en 2017 volverá a aplicarse un plan específico de lucha contra el fraude fiscal con que la Xunta aspira a ingresar 20 millones. Además, dentro del plan de financiación de las universidades, los tres centros de estudios superiores de la comunidad se repartirán 404 millones, 12 más que en la actualidad.
Feijóo quiso alabar en su intervención el trabajo de los técnicos de la Xunta y su equipo para aprobar los presupuestos poco más de dos meses después de las elecciones autonómicas y con la incertidumbre política estatal, que retrasó conocer las aportaciones del Ejecutivo central, principal responsable de los ingresos autonómicos con 6.815 millones.
