Desembolso económico y coste personal. Son las consecuencias que advierten desde AUME que tendrá el cese forzoso de los más de 35.000 efectivos de Tropa y Marinería temporales en España. Solo en pensiones, el Estado tendrá que desembolsar 10.000 millones de euros, unos 645 millones para los profesionales destinados en Galicia afectados, al encuadrar al personal despedido como "reservista de especial disponibilidad" con una asignación mensual neta de casi 600 euros hasta el retiro con 65 años, según cálculos de la asociación de militares. A esta cantidad hay que añadir unos 1.200 millones más en el conjunto del Estado, de los que 75 millones corresponden a Galicia, por subsidios de desempleo.
Para AUME, estos gastos son "desorbitados", junto con el "desaprovechamiento irracional" del facto humano. "Esto tendrá un impacto considerable en el presupuesto de Defensa, ya que el coste de estas asignaciones no se contempla actualmente y, con estas cifras, provocaría un aumento del 10%", advierten desde el colectivo.
Ante esta situación, AUME defiende una reforma de la Ley de Tropa y Marinería ya que el actual modelo -defienden- fue establecido en una "coyuntura económica y laboral diferente", para un mayor número de efectivo y con un porcentaje superior de tropa permanente. "Ha fracasado y resulta económicamente inviable", sostienen desde la asociación.
