El responsable de compras de Lactalis en España, José Enrique García, declaró ayer en los juzgados de Vilalba por una denuncia de Unións Agrarias (por apropiación indebida de 2,5 millones -después de un alza de dos céntimos el litro de leche que la distribución abona a esta empresa con el fin de trasladarlos a los ganaderos- para señalar que no que tiene constancia de ese aumento en el pago.
Por este motivo, el líder de UUAA, Roberto García, avanzó que pedirá que declaren en esta causa en fase de instrucción el consejero delegado y el jefe de ventas de Lactalis, tras apuntar que el responsable de compras lo ha hecho en calidad de investigado. Esta situación, según García, significa que Lactalis "reconoce que no estuvo cumpliendo el acuerdo" por el cual debía aumentar en dos céntimos el dinero que pagaba a lo largo de 2016 a los ganaderos, para hacer repercutir en los productores el incremento de lo abonado por la distribución a esta industria, informa Europa Press.
A finales de 2015 los ganaderos gallegos realizaron una campaña de protestas ante diversas cadenas de distribución, de las que arrancó un compromiso para que subiesen el precio de lo pagado por el litro de leche que debía llegar a los productores, y que según denuncia UUAA.
El jueves, según avanzó García, comparecerán ante la juez representantes de cadenas de distribución para "declarar a favor" de los ganaderos y dar fe de que el alza en el litro de leche fue pagado a Lactalis.
Acuerdo lácteo
De hecho, tras un año de acuerdo, las estimaciones de Unións Agrarias es que las cadenas de distribución han abonado a las principales industrias un total de 6,5 millones de euros, pero falta la parte de Lactalis de más de dos millones de euros.
Unións Agrarias recuerda que Lactalis firmó el acuerdo lácteo de septiembre de 2015 por el que, entre otras cuestiones, "se comprometía a compartir con los ganaderos la revalorización que las industrias obtengan sobre los precios de cesión".
Además, UU.AA. llevó a los juzgados de Mondoñedo por otra denuncia contra Lactalis por un contrato fraudulento en el que supuestamente descontó dinero en las cuentas de productores.
