Con la crisis se han disparado las reclamaciones de las empresas descontentas por la resolución de los contratos públicos. Estos litigios terminan atascados en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y, entretanto, permanece paralizada la contratación de obras o servicios por parte de la administración. Para "descongestionar" la tramitación de estos expedientes la Xunta creará su propio tribunal, que se encargará de resolver los recursos presentados no solo a licitaciones realizadas por el Gobierno gallego, sino también por universidades, concellos y diputaciones.

"Lo hacemos porque es un paso importante para mejorar nuestro autogobierno y para bajar los tiempos de respuesta y descongestionar miles de casos que esperan a ser atendidos", argumentó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Gobierno gallego.

Como ejemplo explicó que si una empresa presenta un recurso a una licitación para adquirir tecnología para un hospital, eso significa que hasta que no se resuelva ese conflicto no se puede equipar el centro sanitario. "Hay muchos contratos que quedan paralizados durante meses", lamentó. Según explicó, durante los últimos años se incrementó la litigiosidad y, por eso, se hace preciso que Galicia tenga su propio Tribunal Administrativo de Contratación Pública. En el último año el órgano estatal dependiente de Hacienda ha recibido 140 reclamaciones procedentes de Galicia.

"Con un tribunal propio haremos más fácil y fluida la contratación en la comunidad autónoma", avanzó el presidente de la Xunta.

El tribunal que se creará en la comunidad autónoma actuará con total independencia en el ejercicio de sus competencias y estará conformado por tres personas: un presidente y dos vocales.

La Xunta seleccionará las personas que conforman este tribunal a través de una convocatoria pública. En todo caso, tanto el presidente del tribunal como los vocales deberán ser funcionarios de carrera y será requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y con una experiencia profesional superior a diez años.

La duración del mandato será de seis años, aunque se hará una primera renovación parcial del tribunal a los tres años del nombramiento.

Otras comunidades autónomas ya disponen de sus propios tribunales de resolución de recursos en materia de contratación pública como Castilla y León, Aragón, Navarra o Canarias.