Las administraciones empiezan a abrir de nuevo el grifo a la obra pública. Tras los tijeretazos metidos durante los años de crisis a las inversiones en edificación y obra civil, Galicia continúa la senda de la recuperación iniciada en 2014, primer año desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el que los proyectos sacados a concursos aumentaron respecto al ejercicio anterior. Gobierno central, Xunta, concellos y diputaciones licitaron obras en 2016 por un importe superior a los 866 millones, lo que supone un 9% más que el ejercicio anterior aunque la partida se queda muy por debajo de los más de 2.800 millones alcanzados en 2008, año desde el que empezó a caer a inversión en obra pública hasta tocar fondo en 2013, con poco más de 645 millones.
Los más de 866 millones que se propusieron invertir las administraciones el año pasado en la comunidad, representan el 9,3% de la tarta de obra pública cocinada por el conjunto de todas las administraciones en España (más de 9.300 millones de euros), según los datos que acaba de publicar la patronal que agrupa las grandes constructoras, Seopan. Este balance convierte a Galicia en la quinta comunidad que mayor bocado mete al pastel de la obra pública en el conjunto del país. Se trata del mayor porcentaje desde 2012, aunque ese año el mordisco superó el 19% -entonces las obras del AVE colocaron a la comunidad a la cabeza del Estado en inversión pública-.
En el primero puesto del ranking de proyectos sacados a concurso en España está Madrid, con más de 1.444 millones de euros (15,5% del total), seguida de Cataluña -casi 1.430 millones (15,3)-, País Vasco -936 millones (10%)- y Andalucía -918 millones (9,8%)-. En el extremo opuesto de la tabla, se encuentran Navarra -poco más de 75.500 euros (0,8% del total)- y Cantabria -apenas 93.000 euros (1%)-.
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Fueron ocho comunidades las que cerraron el balance de inversiones en obra pública con una inyección de fondos extra respecto a 2015. Madrid y La Rioja lideran el mayor incremento en el último año con un 76% y 74,2% más, respectivamente. De lejos, les siguen Comunidad Valenciana (39,5%) y Aragón (37,8%). El sexto puesto en la lista lo ocupa Galicia, con un repunte de la licitación de obra pública del 9% respecto a los apenas 793,6 millones de 2015.
De entre las nueve comunidades que el año pasado tuvieron que meter aún más la tijera a las inversiones en edificación y obra civil, destacan Castilla-La Mancha y Murcia, con un desplome del 46,7% y 46, respectivamente, en relación al año anterior.
El grueso de las licitaciones de obra pública en Galicia proceden de convocatorias del Gobierno central: hasta un total de 512, 6 millones de euros, lo que supone casi el 60% del total sacado a concurso el año pasado en la comunidad. Los concellos son la segunda administración que más fondos inyectaron a edificaciones y obra civil en 2016: más de 185 millones. Finalmente, la Xunta sacó a concurso obras por casi 168,5 millones. El balance de Seopan convierte al Ejecutivo autonómico en la única administración que el año pasado recortó la inversión en obra pública (casi un -9%). Por el contrario, el Estado inyectó casi un 15% más de fondos que en 2015 y los ayuntamientos casi un 14%.
Provincias
Por provincias, A Coruña copó el año pasado casi seis de cada diez euros licitados en obra pública en Galicia -más de 503 millones, un 50% más que los 334,7 invertidos el ejercicio anterior". En Lugo, los proyectos sacados a concurso por Xunta, Estado y concellos en 2016 superaron los 169 millones, casi el triple que los más de 63 millones del ejercicio anterior. En Pontevedra, la inversión se desplomó un 60%, al pasar de los más de 346 millones de 2015 a los poco más de 138 millones del año pasado. Y finalmente a Ourense le tocaron poco más de 54 millones, un 42% más que los 38,2 asignados en 2015.
La caída de inversiones en relación a hace una década ha provocado que grandes constructoras se presenten en la actualidad a proyectos que ni siquiera alcanzan los 300.000 euros, una tercera parte del presupuesto mínimo que se fijaban antes de la crisis para optar a una convocatoria de las administraciones. La escasez de concursos respecto a los años del boom del ladrillo ha llevado también a las compañías a presentar ofertas a la baja, en algunos casos de hasta el 40% para intentar ganar algún concurso.
