Ni el aviso del refuerzo de las inspecciones urbanísticas ni la amenaza de sanción surten efecto entre los propietarios que se aventuran a levantar viviendas, naves o galpones en suelo rústico o en zona de costa no edificable. En los últimos cinco años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, interpuso un total de 2.960 multas por irregularidades urbanísticas.

La recaudación por saltarse la normativa durante el último lustró superó los 7,5 millones de euros. Solo el año pasado, Xunta y concellos ingresaron por infracciones en materia de ordenación del territorio más de 1,7 millones de euros, el segundo mayor importe desde que el bipartito creó la APLU en primavera de 2008, tan solo superado por los 1,9 millones recaudados en 2012. O lo que es lo mismo, el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos adheridos a la agencia urbanística recaudaron en 2016 una media de 4.800 euros cada día, lo que supone un 14% más que los 1,5 millones del ejercicio anterior (poco más de 4.200 euros diarios), según el balance presentado ayer por el director de la APLU, José Antonio Cerdeira.

El importe recaudado por irregularidades urbanísticas detectadas en los 66 concellos adheridos a la APLU se reparte al 50% entre Xunta y municipios integrados en la agencia de urbanismo, ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del complejo y farragoso papeleo que supone la tramitación de las sanciones y que a la mayoría de las administraciones locales les resulta imposible abordar por falta de medios humanos y materiales.Expediente de derribo

Cuando los inspectores de la APLU detectan una obra ilegal, al propietario se le abre un expediente de derribo y se le impone la correspondiente sanción. De hacer caso omiso a la orden de demolición, una nueva notificación le llegará a su buzón, lo que se denomina multa coercitiva. En los últimos cinco años, la Xunta tramitó un total de 2.567 multas coercitivas (541 de ellas el año pasado) y 393 sanciones (112 en 2016) por las que se recaudaron más de 7,5 millones de euros.

Durante el último lustro, las piquetas redujeron a escombros en Galicia un total de 635 edificaciones ilegales, un total de 182 el año pasado, batiendo así un nuevo récord de órdenes de derribo ejecutadas. El 90% de las demoliciones fue voluntaria, según apuntó Cerdeira. Uno de los motivos es la concienciación de los propietarios, que saben que tarde o temprano el lugar en el que edificaron se convertirá en un solar.

Pero también está el motivo económico. Y es que si el infractor acata la orden de derribo tiene una bonificación en la multa del 80%; se enfrentará a sucesivas multas coercitivas hasta que finalmente sea echada abajo la obra ilegal, bien por decisión del propietario o por las piquetas de la Xunta. En su comparecencia, el director de la APLU destacó que el 90% de la sentencias dictadas el año pasado avalan la reposición de la legalidad urbanística ordenada por la agencia.

Por provincias, Pontevedra concentra el mayor número de derribos ejecutados el año pasado: un total de 94, lo que supone el 51,6% del total en la comunidad. Les sigue en el ranking A Coruña, con 48 demoliciones (26,3%). Y finalmente Lugo, con 29 reposiciones, y Ourense, con 11. A Coruña fue el año pasado la excepción en el mapa de la APLU, ya que fue la única provincia donde disminuyeron las demoliciones en relación al ejercicio anterior (-9,4%). Por el contrario, en Lugo y en Ourense se practicaron el doble que en 2015 y en Pontevedra, un 16% más.