Los dueños de pisos turísticos se rebelan contra el decreto de la Xunta que regulará el sector a partir del 10 de mayo, día en que entrará en vigor la normativa tras su publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Los propietarios rechazan de plano la potestad que tendrán los concellos para limitar el número de viviendas dedicadas a esta actividad para evitar la "saturación" del mercado, así como también se oponen a que las comunidades de vecinos puedan establecer restricciones sobre este tipo de alquileres en su edificio.

Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga), es tajante a la hora de analizar el decreto elaborado por la Xunta y el papel que le da a los ayuntamientos. "Estamos completamente en contra. Cuando los concellos fijaron sus planes urbanísticos tenían que haber estipulado el número de viviendas que querían que se dedicasen al alquiler turístico, pero no ahora", se queja. Para Aguín, la nueva norma "limita el derecho a la propiedad" de las personas que han comprado un piso y lo quieran destinar a alojamiento vacacional. Sobre la "saturación" que alega la Xunta para abrir la puerta a estas restricciones, como ya se hace en Barcelona, la presidenta de Aviturga advierte de que puntos más turísticos que la ciudad condal o cualquier localidad gallega como son París, Londres, Lisboa o Roma "potencian este tipo de alojamiento" y "establecen numerosos beneficios que favorecen los pisos vacacionales".

El decreto también estipula que las comunidades de vecinos podrán limitar los pisos dedicados a alojar turistas en cada edificio. "No podemos estar a merced de uno o dos propietarios que no estén de acuerdo con que se alquilen viviendas en el edificio a turistas. Yo soy propietario y destino mi vivienda a lo que yo considere oportuno, siempre que se respeten unas normas que son las propias de cualquier comunidad", defiende Aguín.

La Xunta estima que están afectadas por este decreto unas 10.000 viviendas, la mayor parte ubicadas en la franja costera y en los núcleos urbanos. Estas residencias deben estar "suficientemente amuebladas", contar con los aparatos y enseres mínimos, y tener calefacción si se oferta fuera del verano. También debe haber un teléfono de contacto las 24 horas del día -sirve el móvil del dueño-, servicio de asistencia, seguro de responsabilidad civil y un cartel que informe de que hay hojas de reclamación disponibles. El objetivo último que se busca con el decreto es erradicar la competencia desleal que supone este tipo de alojamientos para el resto del sector.

Dulcinea Aguín está de acuerdo con establecer normas, aunque con matices. "Nosotros estamos a favor de la regulación, pero cuando se piden unos requisitos mínimos y de fácil cumplimiento", defiende. "Cosa distinta -añade- es que a las administraciones les resulta mucho más práctico poner coto, limitar o eliminar que hacer el trabajo que es de su competencia. La regulación no puede venir con la eliminación, sino con ordenación. En este país resulta más práctico eliminar que regular y potenciar", se lamenta.

La directora xeral de Turismo, Nava Castra, aseguró en la víspera de la publicación del decreto que se había consensuado con todo el sector. "Con nosotros no", lamenta Aguín. "Este decreto nace única y exclusivamente a petición del sector hotelero", sentencia.