Los ayuntamientos gallegos quieren hacerse oír en la reforma de la financiación local que abordará Hacienda esta legislatura. Hasta un total de 45 medidas recoge la propuesta aprobada por la Federación Galega de Municipios de Provincias (Fegamp) para lograr un nuevo modelo "justo y no discriminatorio" con la comunidad y que tenga en cuenta las particularidades propias de Galicia en reparto de fondos, como el envejecimiento la dispersión o el medio rural.

Entre las demandas aprobadas ayer por consenso de todos los grupos políticos representados en la comisión ejecutiva de la Fegamp, destacan la reformulación de impuestos locales, la creación de un plan de prevención del fraude fiscal en el ámbito municipal, la "aproximación" de las tasas y precios públicos" al coste de servicios o medidas que minimicen las subvenciones finalistas a los ayuntamientos, de manera que puedan destinar las ayudas al proyecto que así lo decidan.

Tras diez meses de trabajo, el presidente del órgano de poder local gallego, Alfredo García, presentó ayer los ejes sobre los que pivotará la propuesta de reforma local acordada por los expertos que integran la comisión en la comunidad: tributación local, participación en los ingresos del Estado, participación en los ingresos de la comunidad y las subvenciones de la Xunta a los entes locales. Todas estas peticiones serán trasladadas a la FEMP y al Gobierno central.

"Equilibrio", "justicia" y "no discriminación". Son los tres conceptos en los que más incidió García durante la presentación del documento. Los datos aportados confirman el reparto "injusto" que crea el actual modelo de financiación local: los ayuntamientos gallegos perciben casi 300 euros menos por habitante que la media.

Tributos. Los concellos apuestan por una "reformulación" de los impuestos, una "aproximación" de las tasas y precios públicos al coste de los servicios, un "aprovechamiento" de las capacidades económicas ligadas a la propiedad inmobiliaria, mejoras en la imposición sobre las actividades económicas y sobre vehículos así como la introducción de nuevas formas de imposición (fiscal y verde) y propuestas de mejora en la eficacia recaudatoria.

Sobre el IBI, la Fegamp llama a actualizar las ponencias de valores, ya que en la mayoría de concellos datan de hace más de 10 años. "Deberían ser objeto de revisión periódica" para así ajustarse a la realidad, recoge el documento. Del impuesto de construcciones, de carácter voluntario, los alcaldes reclaman que se "intensifique" la comprobación de las infraestructuras y se valoren una vez finalizadas. En las propuestas de la Fegamp se hace también mención al canon del agua, cuya titularidad es autonómica. En este sentido, defienden que los recursos que genera esta tasa "se dediquen en exclusiva" a inversiones" y que "ese destino" se decida en conjunto con los concellos.

Los alcaldes advierten de la importancia de establecer un plan de prevención del fraude fiscal, también a nivel local, con la aplicación de medidas que persigan la incoación de los respectivos procedimientos de inspección tributaria, verificación de datos o de comprobación de valores, entre otros.

Otras cuestiones en las que incide el documento es el "análisis riguroso" del sistema de beneficios fiscales existentes en los tributos locales y la "simplificación" de la gestión tributaria con la incorporación de las nuevas tecnologías para, además de reducir los costes, facilitar también a los contribuyentes el cumplimiento de sus deberes.

Ingresos del Estado. Dispersión, envejecimiento y número de entidades singulares de población. Entre las doce medidas relativas a la participación en los ingresos del Estado, la Fegamp reclama a Hacienda que tenga en cuenta las tres variables para que el sistema no sea "discriminatorio". También pide que se fijen periodos quinquenales de revisión del modelo de reparto e se introduzcan mecanismos que "compensen desequilibrios".

Entre otras cuestiones, los alcaldes apuestan por fijar un cálculo de cifra anual de participación "transparente y objetivo", a prever mecanismos de ajustes "claros y neutrales" ante supuestas reformas de la financiación autonómica para evitar "perjuicios" que estas medidas puedan producir en la participación de los entes locales, y a mantener el mismo coeficiente de ponderación durante todo el periodo a aquellos ayuntamientos que bajen de tramo poblacional. Según la Fegamp, se debería garantizar "una cantidad mínima per capita" a cada ayuntamiento para evitar "los prejuicios" de aquellos municipios que durante el periodo incrementen notablemente su población.

Fondo de Cooperación Local. La propuesta de la Fegamp sobre la participación en los ingresos del Estado incluye nueve medidas. En la lista, destaca la creación de una ley específica que regule la participación en los ingresos de la comunidad, el llamado Fondo de Cooperación Local, y en la que se clarifique la homogeneización prevista en las leyes de presupuestos y los criterios de reparto.

Además, proponen medidas de mejora técnica, para lo que sería necesario introducir "criterios objetivos" que primen la "óptima gestión" de los servicios en base a los parámetros socioeconómicos que se determinen, previo consenso entre las administraciones autonómica y local.