El PP y la oposición no lograron cerrar un acuerdo para pedir que los servicios que prestan los profesionales adscritos al turno de oficio sigan estando exentos de IVA. El PSdeG llevó ayer este asunto al pleno del Parlamento al defender una proposición no de ley con la que pretendía solicitar que la Xunta asumiese el sobrecoste "que va a suponer", a su juicio, la decisión de la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, de que estos servicios dejen de estar exentos.

Para ello, la socialista Patricia Vilán defendió el incremento de la partida presupuestaria para la justicia gratuita, y subrayó que la decisión, que se deriva de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, es "política" y la vinculó al ministro Cristóbal Montoro.

El PP, a través de Paula Prado, presentó una enmienda al asegurar que este asunto "no es una decisión política sino una cuestión absolutamente técnica" y que todavía "está en negociaciones". Con su texto, los populares querían solicitar que los servicios "sigan estando exentos" de IVA. "No damos esa batalla por perdida", reivindicó Prado.

Desde En Marea, su portavoz parlamentario, Luís Villares, advirtió de que en este asunto "hay un error de partida" pues el fallo "no es aplicable en este caso", y lamentó que "metieron la pata en la Dirección General de Tributos", aunque consideró que es una "cuestión técnica que se puede solucionar por la vía técnica".

Por parte del BNG, Luís Bará añadió que se trata de una "cuestión abierta" y mostró la posición "favorable" de su grupo "a que no se aplique el IVA como primera opción". Con todo, "en caso de que sea así", abogó por "que sea costeado por la administración autonómica".

Vilán, ya en la réplica, insistió en que los socialistas "no se fían" de Montoro, de ahí los términos de su iniciativa, y le propuso una transacción al PP, que finalmente rechazó aceptar.