Ya hace casi un año que la Xunta instó a los concellos a identificar a los propietarios de las casas o edificios sin rematar y, una vez localizados los infractores, forzarles a finalizar las obras. De lo contrario, los dueños se enfrentan a multas de hasta 25.000 euros, según fija la Lei do Solo, que deja en manos de los ayuntamientos la potestad sancionadora. Desde el 19 de marzo del año pasado, día en que entró en vigor la ley, ningún alcalde sancionó a sus vecinos por el ladrillo o cemento a la vista de las viviendas. Las administraciones locales saben que no pueden saltarse la ley, pero para hacerla cumplir buscan el camino que menos perjudique a los propietarios y, en consecuencia, la relación con ellos.

La vía que ahora estudian es delegar en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la potestad sancionadora sobre los propietarios que se resistan a acabar el exterior de sus casas. Pero esta posibilidad solo está abierta en la actualidad a 64 concellos, el 20% del total en Galicia, que son los que tienen delegadas sus competencias en materia de urbanismo en la agencia autonómica.Censo de viviendas

Pero los ayuntamientos se resisten por ahora a aplicar sanciones. El proceso planteado desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) es que cada concello haga un censo de las viviendas sin rematar en su territorio. "A partir de ahí toca la labor pedagógica y hablar con los propietarios. No podemos reducir el papel de la administración a abrir expedientes sancionadores", reflexiona el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, Alfredo García. El proceso, que según advierte será "lento" aunque sin fijar un plazo, permitirá que entre un 50 y 70% de las viviendas inacabadas sean finalizadas "por convencimiento" de sus propietarios. "Además esto traerá un efecto contagio, a los primeros que lo hagan le seguirán otros", reflexiona.

García reconoce que una vez que la Xunta dejó en los ayuntamientos esta responsabilidad -actuar como vigilantes, identificar las casas inacabadas y forzar a los dueños a terminar tanto fachadas como tejados- no les queda otra que actuar: "Los primero es hacer un censo y luego que los técnicos de cada concello hablan con los dueños para que la inmensa mayoría acabe rematando sus viviendas".

Desde la Xunta coinciden con la Fegamp en que las leyes necesitan un tiempo para que el mensaje cale. Y la reforma de la Lei do Solo, según defendió esta semana la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, no tiene afán "recaudatorio". "A partir de ahora habrá que articular mecanismos para hacer ver al ciudadano que debe cumplir la ley y que es tan importante acabar una vivienda por dentro como por fuera", destacan desde Medio Ambiente.